El Gobierno nacional está trabajando en una serie de decretos para acelerar el cierre de aproximadamente 60 organismos públicos, como parte de las iniciativas de reforma del Estado lideradas por el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Desde marzo, Sturzenegger ha estado enfocado en reducir la estructura estatal sin la necesidad de pasar por el Congreso.

Aunque aún no se ha definido la lista exacta de los organismos a cerrar ni el plazo específico, el Ejecutivo cuenta con 12 meses de facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para modificar o eliminar las competencias de estos entes. Desde la Casa Rosada, se argumenta que muchos de estos organismos tienen funciones duplicadas y fueron creados por la administración anterior para “crear cajas” o “ubicar militantes”.

Uno de los organismos en la mira es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuyo cierre definitivo fue anticipado por Manuel Adorni en febrero. Otros posibles cierres incluyen el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE).

Sturzenegger trabaja en colaboración con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, en la elaboración de estos decretos. Algunos organismos, como el CONICET, ANMAT, ANLIS, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA y SENASA, quedaron fuera del alcance de estas medidas.

Además, Sturzenegger es considerado un candidato fuerte para representar al Ejecutivo en el Consejo de Mayo, un organismo que se encargará de implementar y cumplir con los lineamientos del Pacto de Mayo firmado el 9 de julio en Tucumán. Aunque no se ha confirmado oficialmente, Sturzenegger cuenta con el apoyo dentro de la administración libertaria, aunque también se consideran otros candidatos como Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert.

La decisión sobre quién ocupará el puesto en el Consejo de Mayo se tomará en los próximos días, con un plazo de 30 días desde la publicación del decreto, mientras se espera la designación de los representantes de las provincias firmantes, la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, las organizaciones sindicales y el sector empresarial.