El Ministerio de Salud anunció la intervención del Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, tras el despido de 200 trabajadores en las últimas semanas. Según un comunicado oficial, la medida busca “asegurar el normal funcionamiento, la continuidad de los servicios y los tratamientos de los pacientes” en el marco de un plan de reestructuración.

Causas de la intervención

Desde la cartera sanitaria explicaron que el “crecimiento desmedido del personal y el mal manejo de los fondos” afectaron tanto la capacidad de atención como el funcionamiento del hospital. Según datos oficiales, 326 empleados fueron contratados entre 2021 y 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

El hospital, que cuenta con 55 camas de internación, tenía solo 19 ocupadas en promedio por mes, mientras que 38 consultorios externos atendían apenas cinco consultas diarias, lo que llevó al Gobierno a catalogarlo como una institución con recursos de alta complejidad, pero funcionamiento básico.

Despidos y protestas

El Ministerio de Salud justificó la no renovación de contratos como una medida para corregir “la sobredotación del personal”. Fuentes ministeriales destacaron que estos despidos no están directamente relacionados con la intervención. “La intervención tiene como objetivo garantizar la conducción del hospital, mientras que los despidos son parte de una negociación con los gremios”, señalaron.

En octubre pasado, el Gobierno había anunciado el cierre del Bonaparte, pero luego reculó y planteó un plan de reestructuración. A raíz de estas medidas, los trabajadores organizaron protestas y abrazos simbólicos al hospital ubicado en el límite entre Parque Patricios y Constitución.

Declaraciones oficiales y perspectivas

El ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó que la intervención busca aportar “transparencia y eficacia” para el funcionamiento del hospital. “Cuidar la salud de los argentinos requiere también un uso eficiente de nuestros recursos”, expresó, haciendo un llamado a los gremios a no interrumpir la atención a los pacientes.

El Hospital Bonaparte se ha convertido en un caso testigo para el Gobierno, en medio de un complejo escenario que combina demandas laborales, cuestionamientos a la gestión anterior y la necesidad de optimizar recursos en el sistema de salud pública.