Tras la prórroga del Presupuesto 2023, que servirá como referencia clave para el gasto de todos los ministerios este año, el Gobierno anuncia los primeros pasos para implementar un significativo ajuste fiscal en su primer año de mandato. Mediante un decreto de la Jefatura de Gabinete, se asignarán las partidas anuales a cada área, las cuales luego serán distribuidas trimestralmente por el Ministerio de Economía, manteniendo los 40,4 billones de pesos como límite de gasto, aun en un contexto de alta inflación que podría reducir rápidamente el poder adquisitivo de estas partidas.

Expertos en administración pública señalan que la falta de actualización del presupuesto no solo subestima los ingresos fiscales debido a la inflación, sino que también se ve influenciada por la baja base comparativa de 2023, afectada por la sequía que impactó en los derechos de exportación.

Una vez establecida esta primera asignación por la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman, procederá a administrar este presupuesto en cuotas trimestrales para cada ministerio. Esta etapa revelará qué áreas tendrán mayores flujos de fondos y cuáles enfrentarán reducciones.

Se anticipan ajustes considerables en sectores como transferencias a provincias, obra pública y programas sociales, aunque algunos impactarán de manera inmediata mientras que otros mostrarán sus efectos más tarde. Además, se espera una reestructuración en el impuesto a los ingresos personales, con un proyecto de cambios en escalas que se enviará al parlamento próximamente.

El informe de la Fundación Mediterránea detalla los recortes en diversas áreas, como la posible reducción de haberes reales de jubilados o la suspensión de bonos adicionales, así como recortes significativos en inversión pública y programas sociales con intermediarios.

La deuda flotante heredada por el nuevo gobierno se acerca a los 2 billones de pesos, lo que presionará el equilibrio fiscal buscado por el equipo económico. Los últimos datos muestran un aumento notable de la deuda flotante, lo que añade desafíos adicionales para la gestión económica del Gobierno.