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El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley que propone una reforma de la Ley de Salud Mental, junto con modificaciones a la Ley de Prevención contra la Tortura y a tres artículos del Código Civil y Comercial. La iniciativa introduce cambios en los criterios de diagnóstico, las condiciones de internación y externación, así como en el funcionamiento del sistema de atención en salud mental.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es agilizar las intervenciones ante situaciones de riesgo y facilitar el acceso a tratamientos oportunos. Sin embargo, especialistas y organizaciones advierten que algunos cambios podrían representar un retroceso en derechos y en el enfoque comunitario de atención vigente.
Cambios en los criterios de diagnóstico
Uno de los puntos centrales del proyecto modifica quiénes quedan comprendidos dentro de la ley. La normativa actual hace referencia a personas “con padecimiento mental”, mientras que la nueva propuesta utiliza el concepto de “personas que presenten cualquier tipo de afección o trastorno mental”.
Según el Ministerio de Salud, el término actual es demasiado amplio y puede generar dificultades diagnósticas o retrasos en la intervención. Por ello, el Gobierno propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) e incorporar la noción de “trastornos mentales o del comportamiento”.
Liliana González, directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud, explicó que el proyecto busca “facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo para evitar casos de homicidios, suicidios o agresiones a terceros, producto de la imposibilidad de recibir un tratamiento adecuado a tiempo”.
Sin embargo, desde sectores especializados cuestionan esta redefinición. Alberto Trimboli, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, señaló que el cambio podría reducir el alcance de la asistencia estatal.
“Se debilita el enfoque integral y se deja afuera de la obligación de atención a personas atravesadas por sufrimientos vinculados a situaciones de la vida cotidiana, como duelos, crisis de pareja o experiencias dolorosas”, sostuvo.
Internaciones: criterios más flexibles y nuevos procedimientos
Uno de los aspectos más debatidos del proyecto es el referido a las internaciones.
En las internaciones voluntarias, se mantiene el derecho del paciente a solicitar el alta en cualquier momento, aunque se agrega una excepción: el equipo médico podrá impedirla si considera que existe una alteración en la capacidad de juicio y un riesgo grave para la persona o terceros. En esos casos, la internación pasaría a ser involuntaria.
Respecto de las internaciones involuntarias, la propuesta modifica el criterio vigente de “riesgo cierto e inminente” y lo reemplaza por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Además, habilita considerar antecedentes clínicos o posibles evoluciones futuras del paciente para justificar una internación.
La discusión cobra relevancia a partir de testimonios como el de Marina Charpentier, madre del cantante Chano, quien relató las dificultades que enfrentó al intentar internar a su hijo durante episodios críticos.
“Llamaba a la guardia y me decían: ‘Ahora está tranquilo, no lo podemos llevar por la fuerza’. Pero horas después podía estar caminando desesperado por una ruta”, recordó en una entrevista.
En el Senado, Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, respaldó la modificación del criterio de riesgo.
“La conducta humana no es predecible. Hablar de un riesgo ‘cierto e inminente’ muchas veces significa llegar tarde, especialmente en casos de personas con riesgo suicida”, afirmó.
Quién podrá autorizar internaciones
El proyecto también cambia el mecanismo para autorizar internaciones involuntarias.
La ley vigente exige la firma de dos profesionales de distintas disciplinas, incluyendo obligatoriamente a un psicólogo o psiquiatra. La reforma propone que intervenga un médico psiquiatra y, en casos excepcionales, habilita que un solo médico pueda ordenar la internación, con revisión posterior.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron reparos sobre este punto. Macarena Sabin Paz, coordinadora del área de Salud y Vida Independiente, advirtió que la falta de especialistas podría dificultar la aplicación práctica de la medida.
“En Argentina hay menos de 5.000 psiquiatras y casi la mitad se concentra en la Ciudad de Buenos Aires. Exigir su intervención en todos los casos desconoce las desigualdades del sistema sanitario”, sostuvo.
El proyecto además amplía de 10 a 24 horas el plazo para informar internaciones involuntarias a la Justicia y contempla una participación más directa de los jueces.
Fin de la prohibición para crear hospitales psiquiátricos monovalentes
Otro cambio significativo es la modificación del artículo 28 de la ley actual, que establece que las internaciones deben realizarse en hospitales generales.
La iniciativa del Gobierno habilita nuevamente internaciones en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, tanto públicos como privados, y elimina la prohibición de crear nuevos establecimientos monovalentes —conocidos históricamente como manicomios o neuropsiquiátricos—.
Desde el Ministerio de Salud argumentan que esta decisión busca resolver la escasez de camas disponibles para pacientes con trastornos graves.
Ricardo Corral sostuvo que hoy muchos hospitales generales derivan pacientes por falta de capacidad adecuada.
“Hay personas que permanecen diez o quince días en una guardia esperando una cama en salud mental. Eso perjudica al paciente y representa un uso ineficiente del sistema”, explicó.
No obstante, organizaciones de derechos humanos cuestionan el regreso a este modelo. Desde el CELS remarcan que organismos internacionales han señalado los riesgos de las instituciones psiquiátricas cerradas.
“Existen antecedentes de hacinamiento, abandono de tratamientos y situaciones de abusos físicos y sexuales. Son espacios que no deberían volver a existir”, advirtió Sabin Paz.
La discusión sobre la reforma continuará ahora en el Senado, donde el proyecto deberá enfrentar un debate atravesado por diferencias entre quienes priorizan una respuesta más rápida ante crisis de salud mental y quienes defienden el enfoque comunitario y de derechos humanos establecido en la legislación vigente.
