El Gobierno disuelve la Comisión Nacional del Microcrédito por deficiencias en gestión y altos costos operativos

El Gobierno nacional decretó este viernes la disolución de la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami), un organismo creado para brindar apoyo a emprendedores sin acceso al sistema financiero formal. La medida, oficializada mediante el decreto 1094/2024 y firmada por el presidente Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, argumenta ineficiencias administrativas y un desproporcionado gasto en personal frente al impacto del programa.

Fundamentos de la decisión

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la medida señalando irregularidades en el funcionamiento del organismo. “Es un área con 100 personas trabajando, pero los sueldos superan el monto total de los créditos otorgados. Era muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra”, explicó en una entrevista en LN+.

Según el decreto, el gasto mensual en personal de Conami asciende a $100.584.210, lo que equivale a $1.307.594.730 anuales, superando el presupuesto total del programa para 2024, fijado en $1.178.796.541. Además, se destacó que este gasto mensual es un 54% superior al total ejecutado del presupuesto de este año.

Problemas operativos y resultados insuficientes

El decreto detalla que, de las 209 instituciones adheridas al programa, solo 117 gestionan más de 10 créditos activos, evidenciando una baja eficiencia operativa. Asimismo, la cartera activa del programa presenta una tasa de morosidad superior al 42%, significativamente mayor al estándar del sector de microfinanzas, que registra niveles de morosidad por debajo del 10%.

El informe señala también la falta de evaluaciones formales desde la creación del programa en 2006, lo que imposibilita medir su impacto real. Además, se identificaron carencias en la capacidad técnica de las instituciones adheridas para gestionar los fondos asignados.

El fracaso del modelo

En los considerandos del decreto, se concluye que la Ley N° 26.117, que dio origen a Conami, no logró sus objetivos. No se implementó un registro formal de las instituciones de microcrédito ni se aplicaron sanciones frente a incumplimientos normativos.

El Gobierno remarcó que la “deficiente administración” del programa derivó en una dilapidación de recursos públicos que debían destinarse exclusivamente a fomentar el acceso al crédito para emprendedores vulnerables.

Un cierre que marca el fin de una era

Con la disolución de Conami, el Gobierno reafirma su postura de reducir gastos y optimizar recursos en el marco de su agenda de ajuste. Sin embargo, el cierre deja interrogantes sobre cómo se cubrirá el vacío para los sectores más desfavorecidos que dependían de estos microcréditos para sus proyectos.

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