Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno argentino ha oficializado una medida de alto impacto: la desregulación del transporte automotor de larga y mediana distancia. Desde hoy, las empresas y transportistas podrán operar con libertad en cuanto a la determinación de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios. La medida fue formalizada a través de su publicación en el Boletín Oficial y contempla la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, accesible de forma pública y gratuita, además de otros cambios orientados a modernizar el sector y adaptarlo a las necesidades actuales de la movilidad.

Los cambios, impulsados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el recientemente creado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reemplazan una normativa vigente desde hace más de 30 años. Según las autoridades del gobierno de Javier Milei, el objetivo de la medida es lograr una “liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros, alineada con las dinámicas actuales del transporte”. Esta nueva política se enmarca dentro de un programa más amplio del Ejecutivo que busca racionalizar la oferta de servicios, atraer inversiones, reducir costos y, en última instancia, mejorar la competitividad de la economía argentina y la calidad de los servicios de transporte.

Libre competencia y eliminación de restricciones

La medida incluye la posibilidad de establecer recorridos, vehículos, horarios, precios y duración de los servicios sin intervención directa del Estado, permitiendo que las empresas y transportistas se rijan por las fuerzas del mercado. En la práctica, esto se traduce en una mayor oferta de servicios y una mayor competencia en precios, lo que beneficiaría tanto a los usuarios como a los prestadores de servicios. Según el decreto, se eliminarán las restricciones normativas que distorsionen los precios de mercado, y todas aquellas exigencias que obstaculicen la libre iniciativa privada o la interacción espontánea de la oferta y demanda.

El gobierno destaca que esta liberalización no solo beneficiará a los usuarios mediante una reducción de precios, sino que también permitirá a las empresas optimizar sus operaciones, expandir inversiones y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. El Ministro de Desregulación, en declaraciones a la prensa, aseguró que “es fundamental despojarse de las trabas que durante décadas han frenado el desarrollo del transporte”, subrayando que el nuevo marco legal dará paso a un “sistema flexible, moderno y alineado con las necesidades de la movilidad actual.”

Creación de un Registro Nacional del Transporte de Pasajeros

Otro de los cambios más importantes es la creación del Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, que será de acceso público, gratuito y completamente digital. La plataforma permitirá una mayor transparencia y simplificación en la gestión administrativa, ya que los transportistas podrán inscribirse, modificar su información y cumplir con las obligaciones legales de forma rápida y eficiente.

El decreto establece que “en el Registro se incorporarán los transportistas y las empresas prestadoras del servicio de transporte de pasajeros de carácter interjurisdiccional, en cualquiera de sus modalidades”. Asimismo, las autoridades han detallado que las empresas tendrán que informar sobre la capacidad de transporte, el tipo de vehículos, la cantidad de asientos, los seguros contratados y la nómina de conductores asignados, además de las licencias de conducir correspondientes. La periodicidad de los servicios, el origen, las paradas intermedias y el destino de los viajes también deberán ser informados a través de esta plataforma.

El Gobierno explicó que las empresas ya registradas no tendrán que inscribirse nuevamente, pero sí lo deberán hacer las nuevas, quienes obtendrán la habilitación de manera automática luego de cinco días de inscribirse. Esto será posible gracias a la implementación del principio de “Silencio Positivo”, que permite a las empresas comenzar a operar si no hay objeciones formales dentro del plazo estipulado.

Preocupación en el sector y posibles riesgos

Aunque la iniciativa ha sido recibida con cierto optimismo en algunos sectores, no han faltado voces de preocupación. Fuentes del sector del transporte han señalado que la desregulación podría abrir margen para prácticas opacas y la falta de control. En julio, por ejemplo, se registraron dos incidentes que encendieron alarmas: transportistas que provenían desde la frontera norte fueron detenidos en controles en las rutas, y antes de que se completaran las requisas, incendiaron sus vehículos. Estos hechos han generado incertidumbre sobre los posibles riesgos de una menor supervisión estatal en un sector clave como el transporte interjurisdiccional.

Pese a estas inquietudes, el Gobierno ha defendido la medida como un paso necesario hacia la modernización y expansión de la economía. Según declaraciones de la Secretaría de Transporte, la desregulación fomentará la inversión privada en infraestructura y permitirá una competencia más saludable en el mercado. El secretario resaltó que “la creación del Registro Nacional del Transporte garantizará la transparencia en todo el proceso y facilitará la fiscalización de los servicios”.

Plazos de implementación y próximos pasos

La autoridad de aplicación de esta medida será la Secretaría de Transporte de la Nación, bajo la supervisión del Ministerio de Economía. Se espera que la desregulación comience a implementarse plenamente en un plazo de 60 días, tiempo necesario para completar las actualizaciones tecnológicas y normativas requeridas para el funcionamiento del nuevo sistema. El Gobierno también adelantó que realizará campañas de difusión para informar a los usuarios y transportistas sobre los cambios en el sistema.

En síntesis, la medida impulsada por el Gobierno de Javier Milei representa un cambio drástico en la regulación del transporte de pasajeros de larga y mediana distancia en Argentina. Mientras algunos ven en la liberalización una oportunidad para mejorar la eficiencia y competitividad del sector, otros temen que la falta de control estatal derive en situaciones de riesgo o abuso. Sin embargo, para el Ejecutivo, esta política se enmarca en un ambicioso plan de transformación de la economía que busca liberar el potencial del mercado y estimular la inversión privada en el país.