En un clima de tensiones crecientes por las medidas económicas y privatizaciones anunciadas por el Gobierno, el próximo miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas impulsado por el ala dura de la CGT y gremios de transporte. La medida, a la que se sumarán movimientos sociales y sectores estudiantiles, apunta a rechazar las reformas y la intervención del Estado en fondos universitarios. Si bien el cese de actividades afectará varios servicios de transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, hasta el domingo no se había unido a la convocatoria.
La protesta es impulsada principalmente por figuras como Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), y otros líderes sindicales que han mostrado una postura crítica frente al oficialismo. Pablo Moyano cuestionó la falta de adhesión de la UTA, argumentando que “los colectiveros no están viviendo en otro mundo” y enfatizando la solidaridad entre trabajadores.
Movilización estudiantil y conflictos con las universidades
Alineados con los reclamos de los gremios, agrupaciones estudiantiles de la UBA, convocadas por la Asamblea Interfacultades, anunciaron una marcha al Obelisco el 1° de noviembre, un día después del paro general. En simultáneo, han convocado la Tercera Marcha Federal Educativa para el 12 de noviembre, exigiendo mejoras salariales para personal docente y no docente en las universidades.
Esta movilización ocurre en medio de una disputa entre el Gobierno y las universidades, que rechazan ser auditadas por la SIGEN, argumentando que el organismo carece de competencias para fiscalizar sus fondos. Al respecto, el presidente Javier Milei ratificó su postura en una entrevista radial, afirmando: “Los vamos a ir a auditar, los chorros no van a tener paz en Argentina”.
Allanamientos y nuevas tensiones sindicales
Paralelamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó el operativo de allanamiento de propiedades vinculadas a José Antonio Voytenco, líder de UATRE. Este suceso generó una reacción entre los gremios, que denunciaron una “persecución a dirigentes” y una “criminalización de la protesta social”, amparada en convenios internacionales.
Pese a los intentos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del asesor presidencial Santiago Caputo de abrir instancias de diálogo con la CGT, las autoridades no lograron frenar la medida de fuerza. Ni siquiera las conversaciones sobre la reglamentación del artículo de la reforma laboral que prohíbe los bloqueos sindicales lograron reducir la tensión.
Esta será la tercera protesta masiva contra la gestión de Milei desde que asumió la presidencia, y si bien no es formalmente un paro general, la falta de transporte podría tener un impacto significativo en la actividad.
