Funcionarios y asesores del gobierno de Javier Milei argumentan que el retraso en la reglamentación de la reforma laboral, cuyo principal objetivo es reducir la “industria del juicio” y flexibilizar la contratación de empleados, se debe a la compleja negociación con la CGT. Los bloqueos empresariales y el estatus de los trabajadores independientes son temas claves en las discusiones entre sindicalistas, empresarios y funcionarios de la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero.

El principal obstáculo para avanzar en la publicación de la reglamentación es el fondo de cese laboral. Los empresarios, especialmente del sector de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), han solicitado que la implementación de este fondo sea opcional, permitiendo que cada empresa decida unilateralmente si lo crea, sin que dependa de acuerdos paritarios. Este planteo ha generado tensiones con el sindicalismo, que ve en la negociación paritaria una de sus mayores fortalezas.

Aunque inicialmente los asesores del gobierno eran reacios a escuchar las demandas del sector Pyme, en reuniones recientes, lideradas por Cordero, las Pymes han apoyado la creación del fondo de cese laboral, lo que ha sido bien recibido por los funcionarios de la administración libertaria.

Otro punto de fricción es la flexibilización en los despidos. Según Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la reforma permitirá una mayor flexibilidad en la relación laboral, lo que preocupa al sector sindical, que espera lograr concesiones para evitar sanciones disciplinarias desmedidas.

La fecha límite que marca el calendario político es el 16 de septiembre, cuando la cúpula de la CGT viajará al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, buscando apoyo para la defensa de los derechos laborales. Mientras tanto, el gobierno de Milei continúa trabajando para publicar la reglamentación antes de esa fecha clave.