El gobierno de Alejandro Giammattei ha desestimado en Ginebra 80 de las 207 recomendaciones formuladas por distintos países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un escrutinio realizado por los Estados miembros de la ONU cada 5 años para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos. Esta decisión ha generado preocupación en el contexto de las recientes elecciones generales en Guatemala, en medio de denuncias de persecución contra jueces, fiscales y la prensa crítica.

Durante el EPU, varios países expresaron su preocupación por la creciente presión política sobre la independencia judicial, la situación de la libertad de expresión y de prensa, y el deterioro del estado de derecho en Guatemala. Además, se señaló el debilitamiento de las medidas anticorrupción, la criminalización de jueces, fiscales y periodistas, y la falta de seguridad para los defensores de los derechos humanos.

El gobierno de Giammattei ha mostrado hostilidad al ratificar instrumentos de Naciones Unidas para fortalecer los derechos humanos, como la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tampoco ha mostrado disposición a garantizar la lucha contra la corrupción, la independencia del poder judicial y la protección de periodistas y organizaciones no gubernamentales.

En cuanto a temas relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, Guatemala ha rechazado propuestas como brindar una educación sexual integral, prevenir los embarazos en la adolescencia, despenalizar el aborto y garantizar el acceso a la salud y servicios sexuales y reproductivos. Asimismo, ha ignorado llamados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, armonizar la legislación laboral con normas internacionales, y garantizar la igualdad y el respeto a la diversidad sexual.

La postura del gobierno guatemalteco ha generado críticas por parte de diversos países, que han instado a adoptar medidas para fortalecer los derechos humanos, combatir la corrupción y garantizar la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad.

En resumen, el gobierno de Alejandro Giammattei ha desestimado numerosas recomendaciones para fortalecer los derechos humanos en Guatemala, generando preocupación a nivel internacional. La falta de compromiso en áreas como la independencia judicial, la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción y los derechos sexuales y reproductivos ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional.