l Gobierno continúa con su plan de evaluación de idoneidad para los empleados de la administración pública nacional. De los 8.600 trabajadores que ya realizaron la prueba, el 95% logró aprobarla, pero no todos tienen asegurada su estabilidad laboral. Si el organismo en el que desempeñan sus tareas es cerrado, podrían ser despedidos.

La prueba, de 24 preguntas de opción múltiple, varía según el área de trabajo del empleado (servicios generales, administrativos o profesionales) y evalúa áreas como comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos sobre administración pública. Ejemplos de preguntas incluyen temas como la Constitución Nacional y la Ley de Ética Pública, así como cálculos matemáticos.

El examen se realiza en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en Buenos Aires, con tres oportunidades para aprobar. Quienes no superen la prueba después de tres intentos podrían ser desvinculados. A pesar de aprobar, los empleados no tienen garantizada su continuidad en el puesto, ya que si su área es cerrada, podrían ser reubicados o despedidos.

El proceso forma parte de un plan más amplio que, desde diciembre de 2023, ha eliminado más de 34.000 empleos públicos y cerrado más de 200 áreas estatales. Los gremios critican la evaluación, calificándola de “herramienta tendenciosa y hostil”, mientras que el Gobierno sostiene que es necesaria para mejorar la eficiencia del sector público. El proceso de evaluación se extenderá hasta marzo de 2024, marcando un punto de inflexión en la administración pública argentina.