En un movimiento que podría sacudir el sector de la salud privada en Argentina, el Gobierno ha revelado que está evaluando dar de baja a cerca de un tercio de las empresas de medicina prepaga que operan en el país. Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), hizo este anuncio durante un congreso organizado por una cámara que agrupa a unas 400 instituciones de salud. Esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio para reorganizar y limpiar el sistema de salud, que se encuentra sumido en un desorden administrativo y financiero.
Un Sector Desordenado y en Revisión
En su intervención, Oriolo no escatimó en críticas hacia el estado actual del sector. De las aproximadamente 600 empresas de medicina prepaga registradas, solo 10 están completamente inscritas y cumplen con las normativas establecidas. Además, hay alrededor de 60 prepagas que, según los registros de la Superintendencia, no están operativas y ya se han dado de baja. Estas eran empresas que se inscribieron en 2012 pero que nunca presentaron documentación ni tuvieron afiliados, lo que indica que nunca estuvieron activas.
“Estamos observando dos grupos adicionales de empresas —uno de unas 70 y otro de unas 80— que también podrían ser dadas de baja próximamente”, declaró Oriolo. Este proceso de depuración apunta a eliminar del registro aquellas empresas que no cumplen con los requisitos mínimos para operar y asegurar que las que permanecen activas lo hagan de manera efectiva y en conformidad con las normativas.
Problemas con las Obras Sociales
Además de las prepagas, Oriolo también dirigió su atención a las obras sociales, muchas de las cuales han estado bajo escrutinio debido a problemas financieros y prácticas cuestionables. En particular, se centró en las obras sociales que tienen menos de 5.000 afiliados y que, sin embargo, reciben una porción del Fondo Solidario de Redistribución. Este fondo, que ha estado en números rojos durante años, destina automáticamente una parte de las contribuciones de los empleados a estas obras sociales, a pesar de su baja cantidad de afiliados.
“Lamentablemente, algunas personas e instituciones se quedarán en el camino”, afirmó Oriolo, subrayando la necesidad de racionalizar la distribución de recursos en un sector que, según él, es uno de los que más invierte en salud en comparación con otros países, dedicando cerca del 10% del PIB. Sin embargo, pese a esta inversión, hay un descontento generalizado entre financiadores, beneficiarios y otros actores del sistema.
Medidas y Sanciones: Un Enfoque Renovado
La Superintendencia de Servicios de Salud ha adoptado una postura más estricta respecto a la regulación y supervisión del sector. Oriolo explicó que al asumir el cargo, encontró un sistema extremadamente burocrático y lento para manejar los reclamos de los afiliados. Originalmente, el proceso de resolver un reclamo tomaba 13 pasos, pero con las reformas recientes, se ha reducido a cinco, en un intento por agilizar las respuestas y mejorar la eficiencia.
En cuanto a las sanciones, Oriolo destacó un aumento significativo en la aplicación de multas. En lo que va de la actual gestión, las multas se han multiplicado por 25 en comparación con los cuatro años anteriores. En 2023 no se había aplicado ninguna multa, en 2022 solo se impusieron cuatro y en 2021 tampoco hubo sanciones. Los montos de las multas también han sido ajustados, ya que los valores anteriores eran “irrisorios”, según Oriolo.
La Lucha Contra la Triangulación y la Necesidad de Reformas
Otro de los problemas que enfrenta el sector es la práctica conocida como “triangulación”, donde las obras sociales derivan aportes a las prepagas, reteniendo una parte de los fondos en el proceso. “La triangulación no es gratis. Quien triangula, se queda con una parte. Pretendemos que esa triangulación desaparezca porque no genera ningún valor. La diferencia del peaje la paga el beneficiario”, explicó Oriolo, reconociendo que hay resistencias y dudas en torno a la eliminación de esta práctica.
Un Futuro Incertidumbre para el Sector
El anuncio de posibles cierres masivos de empresas de medicina prepaga y la revisión estricta de las obras sociales subraya la intención del Gobierno de poner orden en un sector que ha sido criticado por su falta de transparencia y eficiencia. Aunque estas medidas son vistas por algunos como necesarias para sanear el sistema, también han generado preocupaciones sobre el acceso a servicios de salud y la estabilidad de un sector que es vital para millones de argentinos.
En un país donde la salud es un tema de preocupación constante y los recursos siempre parecen estar al límite, las reformas propuestas por la Superintendencia de Servicios de Salud podrían representar un paso significativo hacia un sistema más organizado y sostenible. Sin embargo, el impacto real de estas medidas aún está por verse, y el camino hacia un sector de salud más eficiente y equitativo puede estar lleno de desafíos.
El futuro de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales en Argentina dependerá de cómo estas instituciones y sus directivos respondan a las nuevas normativas y al enfoque más riguroso de la Superintendencia. Lo que es claro es que el statu quo ya no es una opción, y el sector deberá adaptarse rápidamente a los cambios o enfrentar las consecuencias de un sistema cada vez más regulado y supervisado.
