El Poder Ejecutivo sorprendió al sector agropecuario al anunciar una baja en los derechos de exportación, una medida que tendrá un impacto fiscal estimado en 800 millones de dólares, equivalente a 0,13% del PBI y poco menos de la mitad del superávit financiero registrado en 2024 (0,3% del PBI). La decisión, oficializada a través de un decreto que se publicará el lunes, busca aliviar la presión tributaria sobre el agro en un contexto crítico, aunque no estuvo exenta de implicancias económicas y políticas.
Un contexto de tensión fiscal y negociaciones internacionales
El anuncio llega dos semanas antes de una reunión programada entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la Mesa de Enlace agropecuaria, que había solicitado este recorte como prioridad en su lista de reclamos. Además, coincide con negociaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que el Gobierno enfrenta presiones por cambios en el esquema cambiario y otras políticas económicas.
Según Caputo, la medida se implementará sin comprometer el programa económico vigente. Sin embargo, el ministro enfatizó que la eliminación completa de las retenciones requeriría un superávit de 8.000 millones de dólares, una cifra lejana para las finanzas públicas actuales.
Impacto en los ingresos fiscales y el sector agropecuario
Datos de la Fundación Mediterránea destacan que los derechos de exportación representaron entre 1% y 1,1% del PBI en 2024, cifras significativamente menores a los niveles históricos desde su restablecimiento en 2002, cuando oscilaron entre 0,6% y 3,1% del PBI. La recaudación derivada de este impuesto ha sido clave en la estructura tributaria del país, pero el contexto actual, marcado por precios internacionales bajos y la caída del poder adquisitivo del sector, ha impulsado el debate sobre su sostenibilidad.
Por ejemplo, en el mercado internacional, el precio promedio de la soja en diciembre de 2024 fue de 361 dólares por tonelada, un 27% por debajo del promedio histórico entre 2002 y 2023 (491 dólares), y el nivel más bajo desde 2006.
Reclamos del agro: más allá de las retenciones
La Mesa de Enlace, que había planteado la necesidad de un “alivio fiscal inmediato”, presentó un punteo de demandas que incluye:
- Eliminación total de los derechos de exportación, para mejorar la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales.
- Un esquema impositivo más equilibrado, que contemple las economías regionales y alivie la carga sobre pequeños y medianos productores.
- Acceso a financiamiento que permita realizar inversiones clave en el sector.
Estrategia del Gobierno: presión sobre provincias y municipios
En su discurso, Caputo llamó a gobernadores e intendentes a reducir sus propios impuestos, argumentando que la baja de retenciones generará un aumento en la recaudación de tributos coparticipables, beneficiando las finanzas locales. “Es un mensaje para todos los sectores: sería bueno que las exigencias o reclamos se concentren a nivel de provincias y municipios”, afirmó.
Perspectivas para 2025: ¿es viable un alivio mayor?
El Gobierno proyecta que un crecimiento del PBI de 5% en 2025 podría generar una recaudación adicional de 1,2 puntos del PBI, lo que permitiría avanzar en una reducción tributaria más amplia. Sin embargo, el consenso del mercado, reflejado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), anticipa una expansión más moderada, cercana al 4%.
“Es un proceso. No tenemos el superávit para hacerlo de golpe, pero vamos en la dirección correcta”, señaló Caputo, dejando claro que el esfuerzo fiscal deberá ser gradual.
El anuncio, aunque bien recibido por algunos sectores del agro, pone de manifiesto las tensiones inherentes entre el alivio tributario y la necesidad de mantener la sustentabilidad fiscal en un año clave para la economía argentina.
