El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ha levantado una enérgica voz de alerta frente a la reciente adquisición de las operaciones en el Atlántico Sur por parte de la firma británica Harbour Energy. En especial, se ha manifestado en contra del “Proyecto Fénix”, un ambicioso plan energético en el que Argentina ha invertido considerablemente.
El “Proyecto Fénix”, valuado en 700 millones de dólares, busca instalar una plataforma submarina en la Cuenca Marina Austral, con el potencial de generar hasta “10 millones de metros cúbicos de gas por día”, equivalente al 10% de la producción nacional, según informes del gobierno fueguino.
Melella ha enfatizado su preocupación al señalar que Harbour Energy, con sede en Londres, es la misma entidad que previamente fue reprendida por el gobierno argentino debido a anuncios vinculados a la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
“Esto va más allá de un simple cambio empresarial. Es una cuestión que afecta nuestra soberanía y seguridad nacional”, expresó Melella. Asimismo, hizo hincapié en la fusión británica que originó Harbour Energy, involucrando a empresas que han sido sancionadas en el pasado por sus actividades controvertidas.
La adquisición de los activos de Wintershall Dea por 11.2 mil millones de dólares por parte de Harbour Energy no solo abarca el proyecto en Tierra del Fuego, sino también operaciones a nivel global en países como Noruega, Alemania, México y Egipto. Esta noticia desencadenó una reacción inmediata en el mercado: las acciones de Harbour Energy aumentaron más del 26% tras el anuncio.
Este acontecimiento destaca la compleja situación geopolítica y energética en el Atlántico Sur. El gobierno de Tierra del Fuego había expresado previamente su inquietud, solicitando una revisión de la legislación actual que no protege adecuadamente contra acciones de este tipo. En respuesta, Melella afirmó que colaborará con legisladores provinciales para proponer cambios legislativos que permitan sancionar a empresas con historiales controvertidos, como el de Harbour Energy.
“Nosotros no permitiremos la consolidación de una presencia británica ilegal en nuestro territorio, poniendo en riesgo nuestros intereses”, advirtió el gobernador, reafirmando su determinación para utilizar todas las herramientas disponibles en defensa de los derechos provinciales y nacionales.
