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El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, solicitó que se amplíe la acusación contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino en la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes previsionales.
En un dictamen presentado ante el Tribunal de Apelaciones, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió incorporar un tramo que había quedado fuera de los procesamientos: el vinculado a la falta de depósito en término de contribuciones a la seguridad social derivadas de los ingresos por publicidad de los torneos.
El planteo alcanza al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros tres dirigentes ya procesados. Según Pérez Barberá, la exclusión de ese componente de la imputación debe ser revisada por la Cámara.
La presentación fue dirigida a los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán definir si confirman o modifican los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Diego Amarante. En esa línea, el fiscal general respaldó la apelación impulsada por el fiscal de grado Claudio Navas Rial.
El punto en disputa
El eje del reclamo se centra en una alícuota aplicada sobre los ingresos por patrocinio oficial de los torneos organizados por la AFA y la Liga Profesional. Ese porcentaje —identificado como “subconcepto 551”— está destinado a financiar el sistema de seguridad social.
Para el fiscal, los montos involucrados constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del sistema previsional, por lo que su eventual retención indebida no puede quedar fuera del análisis penal. En consecuencia, pidió que ese aspecto sea reincorporado a la acusación.
Una causa millonaria
La investigación forma parte de un expediente más amplio que analiza la presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes. Según la hipótesis fiscal, la AFA habría retenido esos fondos a empleados, proveedores y terceros sin transferirlos en tiempo y forma al fisco.
En primera instancia, el juez Amarante procesó a los dirigentes por apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social. Sostuvo que existió una conducta sistemática de demora en los depósitos, lo que habría permitido obtener beneficios financieros a partir del manejo de esos recursos.
Sin embargo, el magistrado excluyó del procesamiento las retenciones vinculadas a ingresos publicitarios —equivalentes a un 7,5% a cargo de los clubes— al considerar que, en ese caso, la AFA no actuó como agente de retención o percepción y que se habrían emitido los certificados correspondientes. Esa interpretación es la que ahora cuestiona el Ministerio Público.
Estrategias de defensa y próximo paso
En paralelo, las defensas —en particular la de Toviggino— intentaron cerrar la causa mediante una reparación integral, argumentando que la deuda con el fisco ya fue saldada, incluso con intereses. La estrategia fue acompañada por Tapia y el resto de los imputados.
El fiscal Navas Rial rechazó ese planteo al sostener que el pago no repara el daño causado al sistema de recaudación ni a la seguridad social. También advirtió que no se precisó con claridad el monto efectivamente cancelado ni su composición.
Con estos elementos, la Cámara deberá resolver tanto la apelación para ampliar la acusación como los planteos de las defensas. Su decisión será clave: definirá el alcance final de los cargos y si el caso avanza hacia un eventual juicio oral.
