El edificio de los tribunales federales de Comodoro Py será el escenario de la investigación por el cobro irregular de los programas sociales. Se trata de un escándalo que salió a la luz la semana pasada cuando se supo que más de 250 mil personas fallecidas, que compraron dólares o que declararon bienes personales accedían a la ayuda social, algo prohibido en los términos de la asistencia y por ley. 

La causa quedó radicada en la Fiscalía Federal a cargo de Guillermo Marijuan, quien señaló que este lunes accederá de manera personal al informe completo que elaboró la AFIP y contiene el detalle del entrecruzamiento de datos por el cual se arribó a la llamativa conclusión. Una vez que ese material sea analizado se estudiará si corresponde la suspensión del pago de los planes o alguna medida similar.

En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario judicial describió que habría personas que “adquirieron dólares, que cobraron el programa de personas fallecidas y que declararon bienes personales teniendo el Potenciar Trabajo“. 

En ese marco, el fiscal dijo que si una persona solicita la ayuda social porque está desocupada “no puede de ningún modo comprar dólares para acopiar o revender” y que “si supera el mínimo imponible de bienes personales no es una persona que necesite la ayuda del Estado”. En el caso de las personas fallecidas aclaró que el cobro del programa social no es algo que otra persona puede heredar, sino que una vez que se constata el fallecimiento, el beneficio cesa. 

El escándalo en torno al cobro irregular de los programas sociales surgió a partir de un entrecruzamiento que realizó la AFIP en octubre pasado a pedido del ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y cuyo resultado preliminar fue publicado en Infobae.

Qué puede pasar con los beneficiarios irregulares

Durante la entrevista radial, el fiscal no se animó a dar precisiones acerca de qué puede pasar con cada uno de los más de 250 mil casos detectados en el informe. Sin embargo, estimó que una vez que analice el informe de la AFIP podría tomar una decisión. 

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“Pedir la baja de esos planes es una posibilidad al igual que la suspensión con reempadronamiento”, sostuvo el funcionario del Ministerio Público Fiscal. “En primer lugar tendríamos un éxito en poder evitar que el delito se siga cometiendo”, estimó Marijuán.

En las últimas horas se presentó en la Justicia el diputado nacional del PRO Waldo Wolff con una denuncia penal para que se investigue la presunta irregularidad. Entre otras cosas, manifestó que la situación “deja entrever que a la fecha los recursos públicos se transfieren sin tener certezas y en un contexto de poca o nula transparencia”.

Por otro lado, el fiscal Marijuán marcó problemas en la forma de inscripción para recibir los programas sociales y aseguró que “hubo un montón de casos en los que se organizaban piquetes y cortes de calle y le entregaban listados al Estado“. A su entender, “capaz que ahí hubo situaciones en las que metieron gente”. 

Además, el funcionario especuló con que detrás de los más de 250 mil cobros irregularidades puede haber situaciones en las que haya personas en condiciones de recibir el programa y al recibirlo “fueron contratados por inescrupulosos financistas o un particular que le pidió que le compre dólares y ahora mete en un lío al titular del plan”. De todos modos, afirmó que “la Fiscalía va a tener la posibilidad de saber quién es esa persona”. 

Barajar y dar de nuevo

Las irregularidades en torno al cobro de los programas sociales no son algo nuevo y de vez en cuando aparece algún caso que deja eso al descubierto. 

Sólo por mencionar un ejemplo, a mediados de año el Gobierno le suspendió el pago del programa Potenciar Trabajo a Mariana Alfonzo, tildada como la “planera”. Fue luego que la mujer se haga viral en las redes por jactarse de no trabajar y defender la asistencia social.

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“Tendría que ocurrir que la gente se inscriba en bocas como las municipalidades, se haga un primer estudio que arroje si la persona está en relación de dependencia o si tiene algún ingreso y después, si cumple los requisitos, se le entregue la tarjeta en su casa. Que no haya ningún intermediario como puede ser un puntero. Y que la persona sepa que la única contraprestación se la va a pedir el Estado“, opinó Marijuán acerca de la manera en la que tendría que gestionarse la ayuda social.

Sin embargo, en el estado actual de las cosas, el fiscal especializado en materia de asistencia social consideró que es necesario barajar y dar de nuevo. 

“Me parece que va a llegar un momento en donde se va a tener que dar de baja todo lo que hay, largar un solo plan y que toda la gente se inscriba donde corresponde, con tal obligación y que ese trabajo sea controlado”, lanzó. 

GI/fl