Agregó que las consecuencia de la emisión de una orden de arresto contra un presidente de una potencia nuclear serán monstruosas para el derecho internacional.

“Ahora nadie acudirá a los órganos internacionales, todo los acuerdos serán por separado. Todas la estúpidas decisiones de la ONU y otras estructuras se harán trizas. Comienza el ocaso tenebroso de todo el sistema de relaciones internacionales”, auguró.

La CPI emitió la orden de arresto contra Putin como presunto responsable “del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”.

Además de a Putin, la corte de La Haya ha señalado también como prófuga a la principal responsable de los derechos de la infancia en Rusia, Maria Lvova-Belova, en ambos casos como sospechosos de la deportación forzada de niños ucranianos en zonas ocupadas del este del país.

Medvedev ha enmarcado esta orden dentro del “colapso” del sistema de justicia internacional, ejemplificado en un TPI cuya eficiencia es “cero”. En este sentido, ha sugerido que en el caso de Putin no se da ninguno de las hipótesis que permitiría juzgarle en La Haya: ni Rusia está internamente en una posición de debilidad que le impida mantener su actual sistema ni ha perdido ninguna guerra.

Desde el primer momento, el Kremlin ha sido categórico para rechazar como “jurídicamente nula” cualquier decisión de la CPI, ya que no reconoce su jurisdicción.

“Consideramos jurídicamente nula cualquier decisión del tribunal penal internacional, al que tampoco reconocemos”, insistió este domingo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por su presunta responsabilidad en el crimen de guerra de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de población de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. También se ha señalado a Maria Lvova-Belova, principal responsable de los derechos de la infancia en Rusia, como prófuga por su presunto papel en la deportación forzada de niños ucranianos en zonas ocupadas del este del país.

El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha criticado la orden de arresto y ha cuestionado la eficacia de la CPI, argumentando que no hay una base sólida para juzgar a Putin en La Haya, ya que Rusia no se encuentra en una posición de debilidad interna ni ha perdido ninguna guerra. Desde el Kremlin, el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, ha rechazado la decisión de la CPI, calificándola de “jurídicamente nula” y reafirmando que Rusia no reconoce la jurisdicción del tribunal penal internacional.