Han pasado cuatro días desde que Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, mencionó que se auditará el dinero destinado a las universidades mientras esté Javier Milei como Presidente. Este comentario se mezcló con las críticas a la educación superior estatal, incluyendo temas como el adoctrinamiento y el uso eficiente de los recursos. Para comprender este debate complejo, es crucial revisar cómo se llevan a cabo las auditorías en las universidades nacionales y evaluar si necesitan reforzarse.
Las auditorías a las universidades se centran principalmente en revisar el uso del presupuesto transferido desde el Estado nacional. Según una fuente de la Auditoría General de la Nación (AGN), se analizan aspectos como el presupuesto, las compras, las contrataciones y la gestión del personal, además de cuestiones relacionadas con la gestión académica en algunos casos. Sin embargo, es importante destacar que el número de informes de auditoría emitidos por la AGN en la última década es relativamente bajo, lo que plantea la necesidad de una revisión sobre la efectividad de estos controles.
Según la Ley 24.156, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación son los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente. Sin embargo, la AGN emite pocos informes sobre las universidades nacionales debido a limitaciones metodológicas y de recursos. Esto contrasta con la visión de algunos sectores que defienden la autonomía universitaria y cuestionan la intervención del Poder Ejecutivo en las auditorías internas.
El tono de las auditorías externas a las universidades nacionales suele ser crítico, enfocándose en problemas administrativos y financieros. No obstante, estas auditorías no son vinculantes y suelen destacar aspectos negativos sin resaltar los puntos positivos. Además, el bajo número de informes emitidos puede dificultar una evaluación exhaustiva de todas las instituciones educativas.
La disputa sobre quién debe conducir las auditorías, si la AGN o la Sigen, también es un punto de controversia. Mientras las universidades defienden su autonomía y se oponen a la intervención del Ejecutivo en las auditorías, algunos expertos argumentan a favor de un control más exhaustivo y transparente de los recursos públicos destinados a la educación superior.
En resumen, el debate sobre las auditorías universitarias en Argentina abarca temas de transparencia, autonomía y control. Si bien es necesario garantizar la integridad de las instituciones y sus funcionarios, también es crucial asegurar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.
