Cuando los clubes, los gobiernos o las empresas incorporan a alguien valioso a sus equipos, suelen comunicarlo como una buena noticia. Sin embargo, el gobierno bonaerense parece no haber considerado su reciente nombramiento como digno de ser anunciado públicamente. Se trata del exgobernador de Chaco, Jorge “Coqui” Capitanich, quien fue designado en un “cargo fantasma” dentro del Banco Provincia, un hecho que ha sido mantenido casi en secreto pero que empieza a levantar polvareda por varios detalles intrigantes.

Para darle trabajo a Capitanich, la administración de Axel Kicillof desempolvó un área inactiva del banco estatal bonaerense desde hacía más de veinte años: el Centro de Estudios Federales. De acuerdo a fuentes extraoficiales, el exgobernador chaqueño recibiría un salario mensual de 15 millones de pesos, a pesar de no haber indicios de que se haya trasladado a Buenos Aires. Parece que, para los estatutos laborales de Kicillof, el concepto de “trabajo remoto” se interpreta de manera extremadamente laxa, como si el trabajo fuera algo más bien remoto en sí mismo.

Lo cierto es que este asunto no se presta para demasiadas ironías: Capitanich fue nombrado de manera sigilosa al frente de una oficina cuya funcionalidad es incierta. En la Gobernación no se molestan en disimularlo: “es parte del armado político de Axel en las provincias del norte”, comentan de manera informal, justificando su contratación. Pero lo que parece a simple vista una “beca” o un “conchabo vip” refleja en realidad una distorsión más profunda dentro de la cultura política argentina, en la que el uso del Estado para intereses personales o de facción se ha vuelto una práctica cada vez más naturalizada.

Este fenómeno no es exclusivo del kirchnerismo, aunque este sector lo ha exacerbado. El reciente caso del senador libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y parte de la línea sucesoria presidencial, revela que la lógica de acomodar amigos, familiares y aliados en cargos públicos trasciende las divisiones partidarias. Abdala confesó, sin remordimientos, que mantiene a unos 15 asesores con un costo mensual de 25 millones de pesos al Estado, no para trabajar en el Senado, sino para hacer campaña política en San Luis, donde aspira a la gobernación.

Así, los casos de Capitanich y Abdala son dos caras de una misma moneda: la creencia de que el Estado existe para ser aprovechado. La diferencia radica en que el de Abdala pone al descubierto una nueva hipocresía: aquellos que prometen erradicar “la casta” terminan comportándose igual que quienes dicen combatir.

El silencio de la oposición y el “loteo” en el Banco Provincia

La llegada de Capitanich al Banco Provincia no ha generado grandes reacciones. Ni siquiera la oposición, que tiene representación en el directorio del banco, ha manifestado incomodidad. Esto no es algo nuevo en la vida política de la provincia de Buenos Aires. En otras situaciones, como el escándalo de “Chocolate”, la ausencia de voces críticas permitió que Kicillof avanzara con impuestazos discrecionales sin demasiada resistencia en la Legislatura.

El directorio del Banco Provincia es un verdadero mosaico de la política bonaerense, donde confluyen figuras de La Cámpora, los barones del conurbano, el massismo y hasta del PRO y larretismo. Los sueldos que allí se perciben son jugosos, y los cargos, aunque deberían estar ocupados por personas con idoneidad y experiencia bancaria, muchas veces responden a favores políticos. Es el caso del exministro porteño Bruno Screnci, vinculado a los manejos más oscuros de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, o de Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa, sin antecedentes en el sector bancario.

Es en este contexto donde la designación de Capitanich encaja a la perfección: en un espacio donde trabajar y ser nombrado parecen ser dos cosas distintas para el Estado. Que Capitanich viva en la otra punta del país no parece representar un inconveniente para sus nuevas responsabilidades en Buenos Aires.

Más allá de Capitanich: la degradación de la cultura política

El problema no es solo Capitanich. Detrás de su nombramiento subyace una cultura política que no entiende al Estado como un espacio de servicio, sino como un lugar para perpetuarse. Nadie quiere volver al llano y aquellos que no logran mantenerse en un cargo buscan reciclarse o reubicarse en otros puestos, sin importar su idoneidad o mérito. Este fenómeno no solo degrada a la dirigencia política, sino que también habla de la disfuncionalidad del país: en una economía saludable, las mejores oportunidades deberían estar en el sector privado, pero en Argentina, es el sector público el que parece ofrecer los mejores sueldos y ventajas.

La consecuencia de estas prácticas ha sido un Estado cada vez más ineficiente, donde los cargos públicos se distribuyen en función de la lealtad política y no de la competencia técnica. A su vez, este Estado inoperante demanda cada vez más recursos de los contribuyentes para sostener a funcionarios cuyos sueldos, como el de Capitanich, se pagan con emisión o impuestos.

Falta de transparencia y la cultura de la opacidad

El caso de Capitanich también expone otro problema: la falta de transparencia que ha impregnado a la gestión pública. Su designación no aparece en la página web del Banco Provincia ni en las nóminas oficiales de empleados, un ejemplo de cómo la opacidad se ha vuelto una norma en la administración estatal. Este tipo de prácticas no solo perpetúan una cultura de secretismo, sino que ahora parecen ser avaladas incluso por fuerzas políticas que llegaron al poder prometiendo transparencia, como lo demuestran las recientes restricciones al acceso a la información pública implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Cuando Capitanich dejó la gobernación de Chaco en diciembre de 2023, declaró públicamente que su carrera política había terminado y que buscaría trabajo en el ámbito privado. A juzgar por su reciente nombramiento en el Banco Provincia, parece que no cumplió con su palabra, otro ejemplo de la falta de coherencia que caracteriza a la clase política.

El nombramiento de Capitanich no es un hecho aislado: refleja una cultura política que ha dinamitado al Estado y que, a pesar de las demandas de la sociedad por un cambio, sigue operando de la misma manera, sin importar de qué lado del espectro partidario se encuentre el funcionario de turno.