ste domingo 9 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente que gobernará el país hasta 2029, así como también para decidir la composición de la Asamblea Nacional, integrada por 137 miembros. El proceso electoral se lleva a cabo en un contexto complicado, marcado por una creciente inseguridad, una economía debilitada, altos índices de desempleo e informalidad, y una crisis energética que ha afectado gravemente a la población.

Las reglas del proceso electoral son claras: para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos válidos, o al menos el 40% de los votos con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo candidato. En caso de que ninguno de los 16 aspirantes alcance estos porcentajes, se realizará una segunda vuelta el 13 de abril. Esta fórmula, que busca dar estabilidad al sistema democrático, ha sido clave para enfrentar una serie de desafíos políticos, sociales y económicos que han golpeado al país en los últimos años.

De los 16 candidatos en la contienda, dos han destacado de manera notable según las encuestas recientes: Luisa González, quien representa a la Revolución Ciudadana y es considerada la candidata del correísmo, y el actual presidente Daniel Noboa, quien busca la reelección tras un mandato que ha sido marcado por la crisis de seguridad y la falta de medidas efectivas en la economía.

González, quien tiene el respaldo de la estructura política del movimiento correísta, ha logrado posicionarse como una de las favoritas para ganar en primera vuelta. Según los últimos sondeos, la candidata lidera con un 35,5% de la intención de voto, lo que la coloca por encima de Noboa, quien tiene un 32,9% de apoyo. A pesar de las dificultades en su gestión y el descontento que ha generado en amplios sectores de la sociedad, Noboa mantiene una base electoral significativa, especialmente en la región costera y en sectores vinculados a su familia y sus empresas.

Este escenario electoral se desarrolla en un clima de tensión y desconfianza debido a la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. En 2023, el país registró una tasa de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los países con mayor tasa de violencia en América Latina. El auge del crimen organizado, que ha aumentado los niveles de violencia y desestabilizado muchas áreas del país, ha sido un factor determinante en la percepción negativa de la gestión gubernamental. Además, el narcotráfico, que ha permeado diversas capas de la sociedad, ha hecho que la seguridad se convierta en uno de los principales problemas para los ciudadanos.

La situación económica no ha sido menos desafiante. La inflación, el desempleo y la informalidad laboral siguen siendo problemas estructurales, con una gran parte de la población ecuatoriana luchando para mantenerse a flote. Según los datos oficiales, más del 40% de los trabajadores están empleados de manera informal, lo que limita las posibilidades de acceder a beneficios laborales y de seguridad social. Esta realidad se ha visto reflejada también en una crisis energética que ha generado cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias en 2024. Aunque la situación ha mejorado recientemente, los efectos siguen siendo visibles en la vida diaria de muchos ciudadanos.

Ante este panorama, las encuestas muestran un escenario disputado para la elección presidencial. Si bien Luisa González lidera la intención de voto, la alta tasa de indecisos y el rechazo generalizado hacia las encuestas dificultan una predicción clara sobre el resultado final. En este sentido, los estrategas políticos advierten que, si bien la primera vuelta podría resultar favorable para González, la polarización y la fragmentación del voto hacen que los márgenes sean estrechos y cualquier candidato aún pueda dar un giro en la recta final.

El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 64 años, mientras que es optativo para jóvenes de 16 a 18 años y para adultos mayores. El padrón electoral cuenta con 13.736.314 votantes, incluidos más de 655.000 jóvenes y 456.485 ecuatorianos en el exterior, quienes esta vez deberán votar de manera presencial. Este cambio en la modalidad de votación para los ecuatorianos residentes fuera del país ha generado preocupación debido a la dificultad de organización, especialmente en países con una gran diáspora ecuatoriana.

Las elecciones también estarán marcadas por un proceso de renovación legislativa. Los 137 miembros de la Asamblea Nacional serán elegidos, lo que podría tener un impacto significativo en la forma en que el próximo presidente gobernará, dada la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo en Ecuador. Con un Congreso fragmentado y polarizado, los próximos años podrían ser desafiantes para el presidente electo, quien necesitará negociar y construir consensos con una diversidad de fuerzas políticas, incluyendo partidos de izquierda, centroderecha y movimientos sociales.

El 9 de febrero será un día decisivo para el futuro de Ecuador. A medida que los ecuatorianos se preparan para las elecciones, el país se enfrenta a uno de los momentos más cruciales de su historia reciente, en el que se definirá quién será el encargado de dirigir la nación en un periodo lleno de incertidumbres y desafíos.