En un sorprendente giro, legisladores pertenecientes al bloque La Libertad Avanza presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta iniciativa surge en medio de tensiones políticas tras la sesión frustrada para aprobar la Ley Ómnibus y propone cambios sustanciales en la legislación sobre el aborto.

El proyecto plantea penas de tres a diez años de reclusión para quienes realicen un aborto sin el consentimiento de la mujer, con la posibilidad de aumentar a quince años en caso de que el procedimiento resulte en la muerte de la mujer. Asimismo, se propone una pena de uno a cuatro años para aquellos que realicen el aborto con el consentimiento de la mujer, pudiendo elevarse a seis años si conduce a la muerte de la mujer.

Además de modificar aspectos clave de la legislación actual, el proyecto busca eliminar la causal de no punibilidad en casos de abortos resultantes de violación, sosteniendo que estos deben considerarse como delito, dejando a criterio del juez la posibilidad de eximir a la mujer de la pena según circunstancias particulares.

En su argumentación, los legisladores de La Libertad Avanza sostienen que la ley actual es inconstitucional, contradice el sentir general de la población argentina y no respeta la dignidad de la persona humana. Critican la nomenclatura de Interrupción Voluntaria del Embarazo, considerándola una “falsificación” que busca confundir mediante el uso de un eufemismo.

El proyecto también recurre a argumentos científicos al afirmar que la genética moderna demuestra que desde la fecundación se forma un nuevo individuo humano con características distintas a la madre. Respecto a los casos de aborto posterior a una violación, los legisladores proponen eliminar la causal de no punibilidad, manteniendo el carácter delictivo de la conducta y dejando al juez la facultad de eximir a la mujer de la pena según las circunstancias.

El documento concluye haciendo referencia a la “tremenda crisis moral” en el país y la necesidad de que la clase política recupere el concepto de “bien común”. Citan a Eduardo Menem, Cristina Guzmán y Rodolfo Barra, quienes expresan su esperanza de que, en este “Año de la Vida”, la ley 27.610 sea derogada por considerarla inhumana.