Argentina es una suerte de laboratorio en el cual se prueban, en materia de política económica, las cuestiones más inverosímiles, algunas de las cuales, lamentablemente, luego son replicadas en otras regiones del orbe.
La nueva innovación se denomina “Programa de Incremento Exportador”, algo que, en cualquier país normal, sería equivalente a una reducción tributaria o un incentivo financiero o monetario orientado a generar mayores ventas de externas de bienes o servicios.
Pero el “Programa de Incremento Exportador” no es otra cosa que una devaluación sectorial por tiempo limitado. Es decir: una depreciación de la moneda local con fecha de vencimiento destinada a un rubro específico.
El primer problema con esa medida debería ser motivo de una investigación de oficio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). ¿Por qué la soja y no el maíz? ¿Las divisas generadas por las exportaciones del poroto son más valiosas que las producidas por los embarques del cereal?
El segundo inconveniente corresponde a una cuestión comunicacional. Una devaluación, por más que tenga fecha de vencimiento, es una señal a todos –todos– los actores de la economía que indica que el tipo de cambio oficial intervenido ya no funciona.
Sería algo así como estar de visita en una gran represa y de pronto ver que aparece una grieta en la misma. ¿Deberíamos sentir pánico? El guía de la excursión nos dice que no porque en unos días más vendrá alguien a cerrarla. Menos mal.
Lo más adecuado e inteligente, tal como explicamos, en términos de política económica era reducir los derechos de exportación de los productos del complejo sojero, algo que, probablemente, no se hizo por cuestiones ideológicas.
Buena, ahora, con el nuevo régimen, acaban de informar a todos los argentinos que el tipo de cambio intervenido, el oficial, va a dejar de funcionar por unas semanas, pero no para todos, sino para algunos. Y que después todo regresaría a la normalidad.
Los cierto es que estamos todos, con un tipo de cambio de 200 $/u$s versus el oficial de 137 $/u$s, observando una “grieta” en la represa y ya no importa demasiado si la misma se va a poder reparar o no, dado que ese fenómeno es evidencia irrefutable de una falla estructural en la obra.
El tercer problema es que, como en toda intervención oficial, siempre se analizan algunas de las variables que intervienen en la medida, pero no todas, con lo cual luego van apareciendo daños colaterales que, a medida que se van sumando, a veces generan filas enormes de damnificados. El ejemplo más inmediato es el de los tambos que todos los días tienen que darle de comer a las vacas balanceados que, irremediablemente, tienen como componente proteico a la harina de soja. Pero existen muchos más que iremos viendo desfilar en los próximos días.
En definitiva: un auténtico “delirio” de política económica derivado del hecho de no querer enfrentar el verdadero problema presente en la economía argentina, que no es otro que un gasto público sobredimensionado que no se corresponde con los servicios provistos por el Estadio.
