A dos meses del procesamiento de Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero, la Justicia continúa investigando el entramado financiero que habría permitido desviar millones de fondos públicos. Entre las pruebas, se señala el uso de sociedades y cooperativas, algunas de ellas registradas como imprentas, que habrían facilitado el desvío a través de facturación apócrifa.

Una de las empresas bajo la lupa es Ediciones e Impresiones Panorama SRL, creada en 2022, que habría cumplido el mismo rol que Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, otra imprenta señalada en la causa. Juntas, estas dos firmas habrían desviado más de 36 millones de pesos. El juez Sebastián Casanello destacó en su fallo la aparición de mensajes de WhatsApp entre dirigentes del Polo Obrero, en los cuales se indicaba que ya no se debía utilizar la cuenta de Rumbos, sino la de Panorama. Este cambio en la operatoria financiera comenzó meses antes de los procesamientos.

Las cooperativas y las imprentas en el centro del desvío

La investigación judicial también apunta a varias cooperativas vinculadas a la imprenta Panorama, como Cooperativa El Resplandor. En el domicilio de una de estas cooperativas, se encontraron documentos que hacían referencia a pagos irregulares por servicios supuestamente prestados bajo el “convenio productivo”, pero sin respaldo fiscal adecuado. Las autoridades judiciales sospechan que la imprenta no cumplía con una verdadera función productiva, sino que operaba como una pantalla para desviar fondos destinados al Polo Obrero.

Según las pruebas recolectadas, se utilizaron al menos 179 facturas para justificar el egreso de 31 millones de pesos de fondos públicos. El socio gerente de Rumbos, Roberto Adrián Albornoz, también se encuentra procesado, acusado de tener fuertes vínculos con la organización y de haber facilitado la emisión de facturas truchas.

Coxtex SA: la “usina” de facturación trucha

Otra empresa involucrada es Coxtex SA, que ya había sido señalada por la AFIP en 2022 por emitir facturación apócrifa. La firma fue creada en 2020 por María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, este último identificado como un “canadiense” que vivía en condiciones humildes en el barrio de Floresta. Sin embargo, las investigaciones judiciales revelaron que la verdadera operación detrás de Coxtex estaba en manos de otros actores, quienes utilizaban la empresa como usina de facturas truchas.

En apenas trece meses, Coxtex facturó más de 480 millones de pesos, lo que alertó a la AFIP, que comenzó a investigar su actividad y la incluyó en la base de contribuyentes apócrifos. Pese a las advertencias del organismo fiscal, las operaciones continuaron, y la firma se desactivó poco después de que se iniciara la investigación formal.

Un entramado con múltiples actores

La Justicia ha detectado que otras sociedades fueron utilizadas para simular servicios y justificar los gastos del Polo Obrero. Entre ellas se mencionan a Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y al productor de espectáculos Carlos Monfrini, quien emitió facturas por casi 3 millones de pesos. En cada uno de estos casos, el juez Casanello subrayó la existencia de una operatoria sistemática de desvío de fondos, con cheques emitidos y luego transferidos o endosados a cuentas vinculadas a las imprentas involucradas.

El caso de Urban Graphics es particularmente llamativo, ya que la empresa emitió una factura por más de 5 millones de pesos por la venta de una máquina de impresión usada. Sin embargo, las pruebas indican que la operación no se concretó de la manera en que se presentó y que los fondos habrían sido desviados a fines privados.

Procesamientos y el rol de los funcionarios

El fiscal Gerardo Pollicita ha avanzado en la causa, procesando a Eduardo Belliboni y otros 17 dirigentes del Polo Obrero por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y amenazas coactivas. Las autoridades judiciales han ordenado el congelamiento de cuentas bancarias, la inhibición de bienes y el bloqueo de cajas de seguridad vinculadas a los procesados, así como a las cooperativas e imprentas involucradas en la maniobra.

Un punto clave que aún debe definirse es el rol de los exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social, como Emilio Pérsico, acusado por Pollicita de encabezar una “matriz de corrupción” que permitió el desvío de fondos a través de subsidios millonarios otorgados al Polo Obrero sin el respaldo documental necesario. Aunque el juez Casanello rechazó hasta el momento la citación a indagatoria de Pérsico, la Cámara Federal deberá resolver si se avanza en esa línea.

El futuro de la causa

Con la investigación en pleno desarrollo, la Justicia sigue recolectando pruebas sobre el presunto desvío de fondos y la complicidad entre las cooperativas, imprentas y dirigentes del Polo Obrero. La causa no solo pone en el centro de la escena a los responsables directos del manejo de los fondos, sino también a los mecanismos de control estatales que fallaron en detectar y detener las maniobras ilícitas a tiempo.

El resultado de esta causa podría tener implicancias importantes no solo para los involucrados, sino también para otros casos similares que podrían estar ocurriendo en el manejo de planes sociales y subsidios en el país.