El dictador nicaragüense ha redoblado en los últimos meses sus políticas represivas, enviando a la cárcel o al exilio a miles de ciudadanos. Para justificar esto, ha utilizado diversas maniobras que le permiten hoy a la Asamblea ir aprobando por decreto listados de organizaciones que no se ajustan a las normas que van inventando sobre la marcha.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado al menos 1,158 registros de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua en los últimos meses. Entre ellas, varias que se dedicaban a trabajar en los derechos de las personas LGBT+.
Es el aniversario de la Revolución Sandinista, el proceso que puso fin a la dictadura de la Famila Somoza en 1979, un 19 de julio. En las calles y otros actos protocolarios abundan los simpatizantes de Daniel Ortega, el ex guerrillero que participó en ese movimiento y que, décadas después imitaría la sed de poder y las ganas de permanecer en él de la dictadura contra la que luchó. La crítica a Ortega se basa en el constante uso de medidas antidemocráticas, como llegar en 2021 a unas elecciones sin legitimidad al eliminar a todos sus adversarios, encarcelando o forzando al exilio a sus oponentes y cancelando los partidos políticos de oposición. En ese día, un activista habla en el anonimato con Infobae, luego de encontrar un espacio seguro para hablar en un día en el que las calles caminan muchas personas a favor de este régimen.
“Así como nosotros, muchas otras organizaciones han sufrido lo mismo”, explica. El acto general es el mismo, con ciertos matices que difieren. Primero, se filtra una lista de potenciales organizaciones a ser canceladas. Luego, en plenaria la Asamblea confirma la cancelación de las organizaciones. De marzo a ahora, se estima que 1158 organizaciones han sufrido esta violación a sus derechos políticos y organizativos. Y aunque se presenten en el plazo, o presenten su caso, la respuesta es la evasión y el dejar que el tiempo pase. Solicitar lo que se sabe las organizaciones no cuentan, porque desde hace meses y años no se les renuevan los permisos para operar.
Los requisitos de los funcionarios para certificar a estas organizaciones son, a veces cínicos, y en otras contradictorios: cambiar el tipo de letra, el formato de presentación de la papelería, agregar detalles que luego, cuando se agregan, se piden se retiren, explica una persona que tiene muchos años de trabajar en estas organizaciones.
Juan Pappier, investigador senior para el continente de la organización Human Rights Watch y quien ha dado seguimiento a la cancelación de varias organizaciones, coincide. En algunos casos exigen que la documentación se haga con papel de color, en vez de hojas blancas. O en otras, piden a las oenegés que retiren de sus directorios a personas críticas al régimen. “En definitiva, aquí no hay un debido proceso sino una discreción absoluta de funcionarios del régimen que de forma arbitraria cancelan las organizaciones”, denuncia.
El mecanismo de este cierre implica también la aplicación de leyes “sumamente abusivas que violan garantías básicas en materia de libertad de asociación”, explica Pappier. Por ejemplo, la llamada “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en octubre de 2020 y a la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió su derogación por considerar que incluye sanciones desproporcionadas como la cancelación y multas onerosas, además de mecanismos de criminalización.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez debió exiliarse en España luego que el régimen de Ortega girara una orden de aprehensión acusándolo de lavado de dinero y traición a la patria (EFE/Francisco Guasco)
En ese entonces la CIDH señaló también que estas medidas clasifican como “agente extranjero” a entidades nicaragüenses solo porque reciben fondos de mecanismos de cooperación internacional. Desde ya los intereses eran evidentes: silenciar a personas y organizaciones que el régimen percibía como opositoras y evitar libertades como la de expresión y asociación, así como la de protesta. Y se empezaron a documentar las primeras trabas: la falta de independencia y acciones arbitrarias de los órganos administrativos y judiciales que daban seguimiento a los trámites de las oenegés.
Un analista, al explicar esta situación llega a frases que permiten entender estas acciones: “aplicación caprichosa de la ley”, “leyes abusivas”, “actuar arbitrario y discrecional”. En resúmen, hacer lo que quieran.
Estas maneras de actuar se exhiben claramente en el régimen de Ortega, quien lleva 15 años consecutivos en el poder, acumulando denuncias de autoritarismo y fraude electoral. Reelegido en 2006, 2011, 2016 y 2021, los tintes antidemocráticos y la legitimidad de su autoridad han sido cuestionadas de manera ineludible desde 2018, cuando una serie de protestas en contra de su gobierno fueron el comienzo de una crisis política sostenida que en ese año dejó al menos 355 muertos según la CIDH. Y más aún después de las elecciones de 2021, en las que simularon competencia, llevando a que varios países y mecanismos internacionales las tacharan de fraude electoral.
En esa crisis política empezaron las primeras demandas aleatorias, tan inverosímiles pero efectivas para distraer a las organizaciones y sobre todo para que el tiempo corriera y se vencieran las tres certificaciones que permiten que una organización esté en regla. Primero, la certificación de que tiene una junta directiva vigente. Segundo, la constancia de que cumple en entregar estados financieros y otros requisitos legales y de impuestos. Y tercero, la certificación de que tiene un representante legal, una persona que firma convenios y asume la responsabilidad por ellos. Y mientras cambiaban el color del papel o el tipo de letra con el que imprimían su documentación, el tiempo corría y se vencía la validez de sus certificaciones.
En base a testimonios y fuentes documentales, diversas organizaciones internacionales han demostrado este patrón sistémico. Acumular procedimientos. “Hacían esto de manera consciente y planificada para citar estos incumplimientos a la hora de cancelarnos, porque eso dicen los decretos de Asamblea que cierran las organizaciones”, explica una fuente afectada por la medida a Infobae.
Algunos casos llamaron más la atención por ser absurdos. En redes sociales, un video en el que las Misioneras de la Caridad, las monjas de la orden fundada por la Madre Teresa, cruzaban a pie la frontera con Costa Rica, escoltadas por policías, se hizo viral. ¿Su labor? Mantener asilos de ancianos en el país. Otro de los casos más insólitos es el de La Academia Nicaragüense de la Lengua Española, fundada en 1928 y cuyo fin es promover el estudio del español y la literatura. “A veces parece que solo cancelan a organizaciones que hablan de política o de derechos humanos, pero como ves con estas, cualquier organización puede ser víctima. Cancelaron hasta a la que organizaba la exposición ganadera de Centroamérica, EXPICA”, explica una persona que lideraba mecanismos articuladores entre organizaciones de derechos humanos.
La cancelación de algunas organizaciones LGBT+ dedicadas a los derechos humanos ha llevado también a preguntarse sobre la relación de algunos liderazgos del movimiento y oenegés con Daniel Ortega y su régimen.
Las fisuras dentro del movimiento LGBT+
Así como hay organizaciones cerradas, otras han continuado sus operaciones. Infobae pudo constatar el cierre de al menos cuatro organizaciones que trabajaban por los derechos de las personas LGBT+. Desde 2018 que en el país no se celebra Marcha por el Orgullo. Y en todo el mundo existen líderes sociales que han buscado el exilio en países como el vecino Costa Rica, en donde se encuentra una mayoría de exiliados, México, Guatemala, Colombia España, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.
Conocí a Victoria Obando, una lideresa estudiantil trans a finales de 2019, meses después de que saliera de una de las cárceles. Fue una presa política, estudiante de gestión de la información de la Universidad Autónoma, que se atrincheró como parte del movimiento estudiantil desde abril de 2018 hasta que la encarcelaron, en agosto. Dentro de la cárcel “La Modelo” sufrió discriminación al ser una mujer trans reclusa en una penal de varones. Le llamaran con su nombre registral sin reconocer su identidad y la llamaban con insultos como “huevón” y “maricón”. El pasado 30 de junio, en medio de la marcha del Orgullo de Guatemala, Obando se casó de manera simbólica, al bordo de una carroza, ondeando la bandera trans.
En su artículo “La resistencia y desafíos de la población LGTBIQ en Nicaragua”, Obando explica la división a lo interno del sector. Expone que algunas organizaciones son fieles al liderazgo de Ortega, en específico liderazgos de las mujeres trans, como organizaciones vinculadas al principal sindicato de trabajadores del país, uno de los espacios de organización de simpatizantes del régimen.
Entre los factores estructurales de esta división existe una que se replica en muchos países de Latinoamérica. Muchas organizaciones LGBT+ con más trayectoria, su trabajo de defensa y su financiamiento se basa en los programas de prevención de VIH, los cuales por su estructura, las leyes nacionales y las obligaciones de mecanismos de financiamiento internacional, implican que lleven una relación de trabajo con los Ministerios de Salud.
Partidarios de Ortega marchando en Managua el pasado 22 de julio. Cualquier manifestación en contra del régimen está prohibida en Nicaragua (REUTERS/Maynor Valenzuela)
Otras fuentes consultadas por Infobae confirmaron este patrón. Son organizaciones que trabajan de la mano con el Gobierno. “Estamos hablando de personas con muchos años de capacitación en derechos humanos, a estas alturas deberían saber cómo ubicarse políticamente en la crisis que se vive en Nicaragua. A pesar de esa inversión, te das cuenta ahora de que lo que siempre han priorizado son sus intereses”, explica una fuente que ha participado en mecanismos de cooperación dirigidos hacia organizaciones LGBT+ del país centroamericano. Además, algunas de estas organizaciones replican las faltas que se le señalan a Ortega: como grupos, no tienen dinámicas democráticas a lo interno. De manera coloquial, explica que son organizaciones que tienen que estar “pegadas a la teta de la vaca”.
Existen otros factores que permiten confirmar esta alineación con el régimen. Por ejemplo, algunas organizaciones se vinculan al sindicato nacional y a la Federación Nacional de Trabajadores, la cual desde 1996 es coordinada por Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea Nacional desde 2017 y miembro de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido presidido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
En la sesión plenaria en la que la Asamblea canceló 100 oenegés, Porras se refirió a esta acción organizada del gobierno en sincronía con la Asamblea y los mecanismos registrales. “Continuemos este trabajo de limpieza” dijo, refiriéndose al cierre de los espacios de sociedad civil que al día de hoy acumulan 1058 cancelaciones. Porras además es señalado por consentir y cooperar con la represión vivida durante las protestas de 2018, que registraron más de 300 manifestantes asesinados.
En 2009, Nicaragua creó la figura de procuradora especial de la Diversidad, puesto que ha mantenido Samira Montiel, quien trabajó coordinando el grupo lésbico Safo y quien no abogó por las personas LGBT+ criminalizadas por el régimen. Su trabajo, según opositores, consiste en contribuir a nutrir un discurso de “supuesta normalidad” ante mecanismos de derechos humanos y otros espacios institucionales en una Nicaragua dividida y que ha forzado a mucha de su población a resignarse o al exilio.
Lo que queda
Las alternativas para las personas diversas que viven en Nicaragua son difíciles. Por un lado, deben procurar su seguridad. Cuidarse de la percepción de “opositores” que ha llevado a la persecución de muchos liderazgos LGBT+. Y a la vez, deben enfrentarse a un país que tiene, en paralelo, una crisis política, de derechos humanos y económica. “Cada día es más evidente la imposición del exilio”, comenta un nicaragüense, “ya sea por razones políticas o económicas, cada vez son más las personas LGBT+ que salen del país porque no ven una salida pronta ni una alternativa política”.
Otro de los problemas es que el aumento de violencia política ha disminuido los avances en derechos humanos que se habían logrado. Las personas ya no confían en las instituciones públicas porque les revictimizan, falta atención adecuada o los casos denunciados no son registrados. La migración no es solo externa, también a lo interno existe mucho desplazamiento forzado.
“Sigo botando archivos y libros, escarbando entre lo que tenemos. Seleccionando que quiero preservar como memoria histórica y que tengo que tirar”, dice uno de los activistas consultados. Cuando me habla sobre el exilio, lo hace usando una frase que lo lleva a pensar en los cientos, sino miles de personas que han huido de Nicaragua. La migración eterna, le dice.
Fuente: Infobae, Argentina.
