El consenso entre economistas, especialmente aquellos del sector privado y de partidos opositores, resalta que el desbordamiento del gasto público en los últimos años ha generado una presión fiscal creciente y un incremento desmesurado en la tasa de inflación. Esta situación ha dado lugar a déficits fiscales elevados, financiados mayormente con emisión de pesos por parte del Banco Central.

El análisis de la ejecución presupuestaria revela un incremento exorbitante del gasto público, pasando del 34,9% al 49,7% del Producto Interno Bruto (PBI) al finalizar la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, disminuyendo a 43,8% bajo la gestión de Alberto Fernández.

Existe preocupación sobre la viabilidad de eliminar el déficit fiscal a corto plazo, especialmente en el área social. Los cinco puntos porcentuales del PBI que representa el déficit fiscal total de la Administración Central son equivalentes a 3,4 meses de ingresos netos de Economía.

El aumento del gasto no se ha traducido en mejoras en los servicios estatales, lo que ha despertado críticas y propuestas de ajuste. Sin embargo, reducir el déficit en áreas sensibles como la seguridad social puede impactar negativamente en la población, evidenciado por la reducción del presupuesto ejecutado para la Seguridad Social en el gobierno actual.

Javier Milei, presidente electo, propone reducir el tamaño del Estado, recortar subsidios y racionalizar gastos. A pesar del notable aumento de la deuda, se ha logrado disminuir la participación de los intereses sobre el gasto total. Se espera una reasignación de partidas y un ajuste en áreas como subsidios y empleo gubernamental.

En resumen, los desafíos para el próximo gobierno incluyen el equilibrio fiscal, la eficiencia en el gasto público y el manejo de la deuda, siendo clave la implementación de ajustes para enfrentar la situación económica actual.