En medio de una escalada inflacionaria que ha alcanzado el 32% en los primeros meses del año, las organizaciones sociales están demandando un aumento en los planes sociales y un mayor presupuesto para alimentos en los comedores populares. Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ha denunciado las protestas y ha solicitado que no haya niños en el acampe.

Durante el día de hoy, miles de manifestantes llegaron a la avenida 9 de julio en lo que se conoce como la “Marcha Federal Piquetera” para llevar a cabo un acampe que duraría 48 horas, con la esperanza de reunirse con la titular de la cartera social.

Mañana se espera que se sume a las organizaciones opositoras la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por el precandidato a presidente Juan Grabois, con el objetivo de unificar la protesta contra el Gobierno Nacional frente al Ministerio de Desarrollo Social. En medio de la tensión política generada por la masiva protesta en el centro de Buenos Aires, la funcionaria, quien responde a Alberto Fernández, ha solicitado la intervención urgente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ante la posibilidad de un nuevo acampe que “ponga en riesgo la vida de los niños” y ha llamado a una mesa de diálogo en defensa de los derechos de los niños y niñas.

La ministra expresó a través de su cuenta de Twitter que es inaceptable ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar varias horas en la calle e incluso a dormir en la intemperie en lugar de estar en la escuela, en los clubes o en las instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a la educación, alimentación, relaciones sociales y juego.

Tolosa Paz destacó que es inadmisible que los niños no tengan el derecho más básico de asearse y de satisfacer sus necesidades en un lugar apropiado, y que tengan que dormir a la intemperie en el mes de mayo. También planteó la necesidad de revisar el derecho a la protesta social cuando participan menores de edad.

La funcionaria subrayó que no se cuestiona el derecho constitucional de organizarse y presentar peticiones a las autoridades gubernamentales, pero considera que el acampe como expresión de protesta debe ser revisado en su implementación, independientemente del debate sobre sus motivaciones.