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Denuncian a funcionarios nacionales por presunto conflicto de intereses en una contratación estatal millonaria
Una denuncia penal impulsada por abogados vinculados a RESET Republicano apunta contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto a la subsecretaria María Cristina Dellepiane, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y el director de Ética Pública Leopoldo Giupponi.
La presentación judicial también solicita analizar la conducta de María Josefina Rouillet, esposa del ministro, quien integra la conducción de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
La contratación que originó la denuncia
El eje del planteo judicial se centra en una adjudicación directa para brindar capacitación en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, en el marco de su plan estratégico de formación.
Según la denuncia, el contrato —por más de 114 millones de pesos y con opción de prórroga— fue otorgado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa mediante un procedimiento por especialidad.
El acto administrativo reconoció la existencia de un vínculo entre Rouillet y el ministro Sturzenegger, situación que, según se indicó oficialmente, fue informada a los organismos de control y tratada bajo los mecanismos previstos en la normativa de integridad pública.
La supuesta irregularidad señalada
Los denunciantes sostienen que, pese a lo informado en la disposición oficial, no existiría registro público del caso en el sistema de publicaciones obligatorias de la Oficina Anticorrupción.
Según plantean, la normativa vigente exige que estos vínculos sean publicados cuando existe relación entre funcionarios con poder de decisión y entidades contratadas por el Estado. La falta de ese registro, afirman, habría impedido el control público sobre posibles conflictos de interés.
En ese contexto, la denuncia atribuye posibles responsabilidades a las autoridades encargadas de la transparencia y control ético dentro del Estado.
Posibles delitos bajo análisis
La presentación judicial encuadra los hechos en figuras del Código Penal vinculadas a:
- Incumplimiento de deberes de funcionario público.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El planteo sostiene que podría haberse configurado un escenario en el que un funcionario interviene en decisiones estatales que podrían beneficiar directa o indirectamente a personas de su entorno.
Pedido de medidas y antecedentes
Los denunciantes solicitaron:
- Copias completas del expediente administrativo de la contratación.
- Peritajes técnicos para verificar si las publicaciones obligatorias existieron y en qué fecha.
Además, pidieron revisar contratos previos con los mismos actores y verificar si se actualizaron declaraciones juradas tras la designación ministerial de Sturzenegger.
Impacto institucional
La denuncia advierte que la eventual omisión de mecanismos de transparencia no solo afectaría el acceso a la información pública, sino que podría comprometer la confianza institucional en los sistemas de control del Estado.
Por el momento, se trata de una presentación judicial que deberá ser evaluada por la Justicia para determinar si corresponde avanzar en una investigación penal formal.
