Cristina Kirchner rechaza el fallo de la jueza Preska y exige al PJ resistir en el Congreso una posible entrega de acciones de YPF

El Partido Justicialista (PJ), conducido por Cristina Fernández de Kirchner, emitió este martes un enérgico comunicado en rechazo al reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que favorece a fondos litigantes en la causa por la expropiación de YPF. La expresidenta, en prisión domiciliaria, reposteó el comunicado y llamó a sus legisladores a bloquear cualquier intento de convalidar la medida judicial desde el Congreso.

La resolución de Preska, dictada desde el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordena a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio en 2015. Se trata de un desenlace que llega tras una prolongada batalla judicial por la nacionalización de la petrolera ocurrida en 2012, cuando el gobierno de Fernández de Kirchner expropió la mayoría accionaria a la española Repsol.

El fallo, fechado el 30 de junio, establece que dicha transferencia debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso argentino, lo que instala al Poder Legislativo en el centro de una nueva controversia institucional con implicancias en la soberanía energética y jurídica del país.

Desde su residencia, la exmandataria convocó al bloque justicialista en Diputados y Senadores a “cerrar filas” ante lo que calificó como una “embestida contra el interés nacional”, rechazando cualquier posibilidad de que el Parlamento dé curso a una iniciativa que, en sus palabras, implicaría “entregar acciones estratégicas de una empresa nacional a un fondo buitre extranjero”.

“La jueza Preska, al juzgar aplicando ley argentina, violó las más elementales normas del derecho público y privado de nuestro país. Su orden es inadmisible, ilegal e incumplible. Pretende que el Congreso autorice la entrega de YPF a un fondo buitre, violando toda norma de Derecho Internacional”, publicó la cuenta oficial del PJ, replicada por Cristina Kirchner en la red social X.

El documento califica el fallo como “una orden colonial” y denuncia una “flagrante violación de la inmunidad soberana” de la República Argentina. En ese tono, la titular del PJ hizo un llamado directo a los legisladores justicialistas para rechazar en forma categórica cualquier proyecto que intente implementar la resolución judicial extranjera.

La reacción de Fernández de Kirchner fue acompañada por otros referentes del peronismo. El diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, expresó que “bajo ningún punto de vista se avalará una decisión dictada por tribunales extranjeros que afecte la titularidad estatal de YPF”.

En paralelo, desde el gobierno nacional de Javier Milei también se hicieron oír críticas al fallo, aunque enmarcadas en una estrategia política que responsabiliza al kirchnerismo por los antecedentes del caso. Voceros de la Casa Rosada indicaron que se mantendrá la defensa del patrimonio estatal, pero remarcaron que “la improvisación, el ocultamiento de condiciones y la falta de transparencia en la expropiación de 2012 generaron el escenario judicial actual”.

Un fallo con impacto político y económico

El litigio por YPF tiene su origen en las condiciones en que se ejecutó la estatización de la petrolera durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. La demanda fue iniciada por accionistas minoritarios que alegaron que el Estado argentino no cumplió con el procedimiento previsto en el estatuto de la empresa, en particular el mecanismo de oferta pública de adquisición (OPA) a los tenedores de acciones restantes.

Burford Capital y Eton Park compraron esos derechos litigiosos y llevaron el caso ante los tribunales estadounidenses, obteniendo ahora un fallo favorable con consecuencias potencialmente millonarias.

La orden de la jueza Preska no solo incluye la transferencia del 51% de las acciones, sino que también sienta un precedente respecto al cumplimiento de normas corporativas y soberanía jurisdiccional en conflictos con implicancias internacionales.

El dictamen desató un nuevo foco de tensión entre la política interna, la justicia internacional y el control sobre los recursos estratégicos del país. La posibilidad de que el Congreso argentino deba definir si convalida o no el traspaso de acciones abre un complejo escenario donde los bloques legislativos deberán posicionarse entre la defensa del patrimonio estatal, la obediencia a un fallo extranjero y la responsabilidad institucional ante el conflicto de fondo.

Cristina Kirchner, lejos de bajar el tono, anticipó que el PJ defenderá a YPF como “un emblema de soberanía nacional” y acusó a la jueza Preska de actuar “en sintonía con los intereses de los fondos especulativos”.