Cristina Kirchner, detenida en su domicilio cumpliendo una condena de seis años de prisión por el fraude en la obra pública de Vialidad, presentó este martes ante la Justicia un pedido para suspender la ejecución de sus bienes y anular la decisión sobre el decomiso económico. En paralelo, cuestionó la metodología utilizada para calcular el monto que el tribunal estableció como perjuicio al Estado y se reservó la posibilidad de llevar su reclamo a la Corte Suprema.
“No tengo bienes producto del delito”, sostuvo la expresidenta en un escrito firmado también por su abogado Alberto Beraldi, y calificó el cálculo del dinero a depositar como “un disparate jurídico”.
Plazos y procedimientos judiciales
El pedido se realizó poco antes del vencimiento del plazo, fijado para las 9.30 de este miércoles, para que Kirchner y los demás condenados depositen los 530 millones de dólares determinados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 como parte del decomiso de bienes.
Simultáneamente, la expresidenta presentó un recurso ante la Cámara de Casación, cuestionando el monto del decomiso y alegando que no se puede ejecutar porque el cálculo no proviene de una sentencia firme. Ahora, el TOF 2 deberá resolver si suspende el trámite, mientras que la Casación analizará el recurso de apelación, incluyendo la posible intervención del fiscal Mario Villar.
Críticas a la metodología del cálculo
Kirchner objetó el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para actualizar el monto, sosteniendo que se incrementó “en cien veces el monto” y acusando al tribunal de aplicar un proceso “confiscatorio” prohibido por la Constitución. La expresidenta argumentó que se cometieron “errores fácticos y jurídicos” al convertir una estimación provisoria en definitiva sin debate previo, y señaló que se desestimaron alternativas técnicas, como la aplicación de tasas bancarias.
Según su defensa, existió “una clara confusión” entre el decomiso penal y la reparación de perjuicios civiles, lo que implicaría una superposición indebida de efectos jurídicos. Además, afirmó que la extensión del decomiso a bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, resulta improcedente, ya que fueron adquiridos con anterioridad a los hechos juzgados y forman parte de actos jurídicos legítimos, sobreseídos previamente.
Reclamos adicionales y futuras instancias
Kirchner sostuvo que los jueces que la condenaron son incompetentes para decidir sobre la ejecución patrimonial y planteó que corresponde que lo hagan los tribunales civiles y comerciales federales, donde tramita una demanda paralela de la Dirección Nacional de Vialidad por 1.100 millones de dólares.
En caso de que la Casación rechace su recurso, la expresidenta adelantó que podría recurrir a la Corte Suprema y a organismos internacionales en materia de derechos humanos, ante lo que considera “graves violaciones a garantías constitucionales y convencionales”.
Kirchner reafirmó que su patrimonio y el de su familia es “absolutamente legítimo” y que no posee bienes vinculados al delito por el que fue condenada. Con esta presentación, la expresidenta busca frenar la ejecución del decomiso y cuestionar la legalidad y proporcionalidad de la medida que la obliga a depositar cientos de millones de dólares.
