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A un año de haber comenzado a cumplir prisión domiciliaria por la condena dictada en la causa Vialidad, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar en el centro de una controversia judicial. El Tribunal Oral Federal N.º 2 le advirtió formalmente que debe respetar estrictamente las condiciones impuestas para el cumplimiento de la pena, luego de su participación en un acto de apoyo realizado frente a su domicilio del barrio porteño de Constitución.
La decisión fue adoptada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien consideró que la exmandataria tuvo una intervención directa en el despliegue de una enorme bandera instalada el pasado domingo entre un edificio ubicado frente a su residencia de la calle San José 1111 y el balcón de su departamento.
Según la resolución judicial, Fernández de Kirchner habría colaborado personalmente en la colocación de la estructura, utilizando su balcón como punto de anclaje y ayudando a sostener los cables tensores que permitieron desplegar la pancarta sobre la vía pública durante una masiva concentración de militantes y simpatizantes.
Ante esa situación, el magistrado dispuso intimarla para que se abstenga de realizar conductas que puedan interpretarse como un incumplimiento de las reglas fijadas para su arresto domiciliario, bajo apercibimiento de que podrían adoptarse medidas más severas en caso de reincidencia.
Riesgos de seguridad y alteración de la convivencia
En su resolución, el tribunal puso especial énfasis en los riesgos generados por la instalación de la estructura. El escrito señala que el tendido de una bandera de grandes dimensiones, sostenida mediante cables que atravesaban la calle y el espacio aéreo entre ambos edificios, constituyó un peligro potencial tanto para la propia ex presidenta como para peatones y automovilistas que circulaban por la zona.
“El despliegue de una pancarta de semejante dimensión, soportada por una estructura de cables que unía los balcones de dos edificios enfrentados, generó un riesgo ostensible para la integridad física de la nombrada y de los usuarios de la vía pública”, sostuvo el fallo.
Además, el tribunal recordó que una de las condiciones expresamente impuestas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria establece que la condenada debe evitar cualquier comportamiento que pueda perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de los habitantes del lugar.
Para los jueces, la instalación de la bandera y el acto que la acompañó afectaron objetivamente esa condición.
Posibles infracciones administrativas
La resolución también abre un nuevo frente administrativo. El juez señaló que una estructura de esas características requiere autorizaciones específicas de las autoridades locales y que, en caso de no haber contado con los permisos correspondientes, podría configurar una contravención.
Por ese motivo, el Tribunal Oral Federal ordenó remitir las actuaciones a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que determine si existieron irregularidades vinculadas con la instalación de la estructura sobre la vía pública.
La investigación administrativa deberá establecer si el despliegue de la pancarta violó normas de seguridad urbana o de ocupación del espacio público.
Un nuevo capítulo de tensión política
La decisión judicial se produce en un contexto de fuerte polarización política. Durante las últimas semanas, distintos sectores del peronismo volvieron a movilizarse bajo la consigna “Cristina Libre”, al cumplirse un año desde que la ex presidenta comenzó a cumplir la condena por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas durante sus gobiernos.
Mientras sus seguidores denuncian una supuesta persecución judicial y mantienen una activa campaña de respaldo, desde la Justicia insisten en que el cumplimiento de la pena exige respetar estrictamente las condiciones establecidas por el tribunal.
La advertencia emitida por el TOF 2 representa así un nuevo episodio en la compleja relación entre la exmandataria y el Poder Judicial, una disputa que continúa proyectando consecuencias políticas incluso después de la condena firme que la apartó definitivamente de la vida electoral argentina.
