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El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios y legisladores oficialistas tuvo su primera consecuencia política: la salida de Leandro Massaccesi, jefe de gabinete de la ministra Sandra Petovello y una de las figuras más cercanas al presidente.
La entidad, conducida por Darío Wasserman —vinculado políticamente al entorno de Karina Milei—, quedó en el centro de la polémica tras revelarse que decenas de integrantes del Gobierno y del Congreso accedieron en los últimos dos años a préstamos por montos millonarios, en algunos casos superiores a los 500 millones de pesos. Ante la magnitud del caso, sectores de la oposición ya impulsaron pedidos formales de investigación.
La información surge de registros públicos del Banco Central de la República Argentina y fue sistematizada por la plataforma abierta “¿Cuánto deben?”, desarrollada por especialistas en datos. El cruce de esa base con declaraciones juradas permitió detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y los créditos obtenidos por al menos 1.440 personas políticamente expuestas.
Entre los casos más relevantes aparece Juan Pedro Inchauspe, con un crédito superior a los 510 millones de pesos. Le sigue Felipe Núñez, director del BICE y cercano al ministro Luis Caputo, quien accedió a 475 millones pese a haber declarado previamente un patrimonio significativamente menor.
También figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase, con un crédito de 367 millones; el directivo de YPF Emiliano Mongilardi; y otros funcionarios como Juan Pablo Carreira y Guillermo Madero, todos beneficiados con préstamos de alto valor en períodos recientes.
En el ámbito legislativo, la lista incluye a Santiago Santurio, Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni, quienes accedieron a montos que superan ampliamente los estándares habituales del mercado.
La reacción política no se hizo esperar. El diputado Esteban Paulón presentó pedidos de informes al Ejecutivo y a la entidad bancaria, mientras que la legisladora Mónica Frade formalizó una denuncia para que se investigue la posible existencia de tráfico de influencias o administración fraudulenta.
Entre los puntos solicitados figuran el acceso a los legajos crediticios, las actas de aprobación de los préstamos y un análisis pericial para determinar si hubo perjuicio económico para el banco. También se busca establecer si existieron condiciones preferenciales —como tasas, plazos o requisitos diferenciados— y posibles vínculos jerárquicos entre quienes otorgaron y recibieron los créditos.
Desde el Banco Nación respondieron con un comunicado en el que defendieron la operatoria. Argumentaron que la entidad gestiona cuentas sueldo del sector público, lo que explica el volumen de créditos, y destacaron la existencia de la línea “+Hogares sector público”, vigente desde 2024, que financia hasta el 90% del valor de la propiedad con una tasa del 6% anual, una de las más competitivas del sistema.
Sin embargo, las explicaciones no lograron disipar las dudas. Con una renuncia ya consumada y múltiples investigaciones en curso, el caso amenaza con escalar y convertirse en uno de los principales focos de desgaste político para el oficialismo.
