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El Gobierno enfrenta una nueva turbulencia política en el Senado luego de la polémica generada por el pliego de María Verónica Michelli, candidata al Juzgado Federal N.º 3 de La Plata. La controversia no solo profundizó las tensiones internas dentro del oficialismo, sino que también abrió un frente de conflicto con los bloques aliados, cuyos votos resultan indispensables para avanzar con la designación de magistrados y otras iniciativas estratégicas de la Casa Rosada.
Ante el creciente malestar, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, inició una ronda de contactos para recomponer la relación con los senadores cercanos al Gobierno. Como gesto de acercamiento, prometió enviar en las próximas semanas cerca de 80 nuevos pliegos judiciales, con el objetivo de agilizar el tratamiento legislativo de candidatos que ya atravesaron las audiencias públicas y cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, la respuesta de los aliados fue contundente. Radicales, representantes del PRO, legisladores vinculados a gobernadores provinciales y senadores independientes exigen una condición previa: que el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, habilite el tratamiento del dictamen favorable a Michelli, que permanece sin ser incorporado formalmente al temario parlamentario.
La situación generó fuertes cuestionamientos dentro de la Cámara Alta. Un senador aliado calificó la maniobra como una irregularidad institucional y sostuvo que el expediente reúne las firmas necesarias para ser debatido en el recinto, por lo que no existirían razones reglamentarias para mantenerlo inmovilizado.
El episodio agravó además la interna que atraviesa al oficialismo. El pliego de Michelli se convirtió en el centro de una disputa entre Mahiques y Patricia Bullrich. Desde sectores cercanos a la Casa Rosada señalan que la ex ministra de Seguridad impulsó la realización de la audiencia pública de la candidata cuando todavía existían dudas dentro del Gobierno sobre la conveniencia política de avanzar con su designación.
No obstante, otros dirigentes libertarios admiten que la responsabilidad resulta difícil de atribuir exclusivamente a Bullrich. El pliego llegó al Senado con la firma del presidente Javier Milei y había sido impulsado desde el propio Ministerio de Justicia, lo que expone las contradicciones internas que atraviesan al oficialismo.
La controversia también alimentó especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de la resistencia que despertó la candidatura. En los pasillos del Senado comenzó a circular la versión de que las objeciones no estarían vinculadas únicamente a las investigaciones periodísticas que involucran al Gobierno nacional, sino también a antecedentes judiciales y políticos que algunos sectores del oficialismo consideran sensibles.
Mientras tanto, el descontento de los aliados no se limita al caso Michelli. Varios gobernadores cuestionan la decisión de Pagotto de convocar una audiencia pública para cubrir siete cargos judiciales sin incluir postulantes promovidos por las provincias. La mayoría de los expedientes convocados corresponden a vacantes del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los candidatos respaldados por mandatarios provinciales continúan esperando una definición.
El reclamo cobra relevancia porque el Gobierno necesita mantener cohesionada la red de apoyos parlamentarios construida durante los últimos meses. Gobernadores y senadores aliados consideran que existe un desequilibrio en la distribución de los cargos judiciales y exigen una mayor participación en las negociaciones.
A pesar de las tensiones, algunos integrantes de la Comisión de Acuerdos mantienen expectativas de alcanzar un entendimiento. Argumentan que los pliegos pendientes incluyen candidatos impulsados por distintas fuerzas políticas y provincias, lo que podría facilitar consensos amplios una vez superada la actual crisis.
Sin embargo, en el ámbito judicial comienza a instalarse una preocupación adicional. Si el Senado no logra aprobar una cantidad significativa de nombramientos antes de que la actividad política entre en un período de menor intensidad por el calendario internacional y electoral, gran parte de la estrategia diseñada por el Ministerio de Justicia podría perder impulso.
Por ahora, el único expediente que logró atravesar exitosamente todas las instancias parlamentarias fue la extensión de funciones de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia. Un dato que alimenta las críticas de la oposición y de algunos aliados, que reclaman mayor velocidad para resolver el resto de las vacantes judiciales acumuladas.
