El año pasado, impulsado por el jefe de gobierno Jorge Macri, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un proyecto que creó el fuero laboral porteño. Esta ley estableció la creación de diez nuevos juzgados y dos salas que funcionarían como cámaras de apelaciones. Las disputas laborales que no se resolvieran en estas instancias serían revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, equivalente a una Corte Suprema local que interviene en todas las causas sin resolución en los diversos fueros porteños.

Objetivos Políticos y Económicos

La creación del fuero laboral porteño respondió a una estrategia de expansión de la justicia local sobre el ámbito laboral. La iniciativa también buscó impulsar la radicación formal de empresas de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aumentando así la recaudación tributaria porteña.

No obstante, el trasfondo político también fue relevante. La propuesta se enmarca en un anhelo del ex presidente Mauricio Macri, primo de Jorge Macri, quien buscaba una justicia laboral más alineada con sus intereses políticos y económicos. Esta movida se interpretó como un intento de debilitar los lazos de la Justicia Nacional del Trabajo con abogados laboralistas cercanos a la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, facilitando la resolución de conflictos laborales en términos más favorables para las empresas.

Reacción Sindical y Oposición de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) no tardó en manifestar su rechazo a la creación del fuero laboral porteño. En octubre, emitió un comunicado en defensa del fuero laboral nacional, argumentando que es el único que garantiza “el respeto irrestricto de nuestros derechos”.

La CGT acusó al gobierno porteño de querer instalar la “necesidad urgente” de transferir la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito local, bajo el argumento de crear una justicia “rápida y ágil” que responda a los intereses empresariales y no a los de los trabajadores. Los dirigentes sindicales advirtieron que el desmantelamiento de la Justicia Laboral Nacional busca crear un entorno favorable para las inversiones empresariales a expensas de los derechos laborales.

Un Revés Judicial que Pone en Jaque la Implementación

La puesta en marcha del fuero laboral porteño se complicó con una acordada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que rechazó la potestad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para revisar las sentencias de los tribunales laborales porteños.

Esta decisión fue celebrada por la CGT, que consideró el fallo como un golpe al “centralismo porteño” y como una defensa de una justicia “con mirada federal y al servicio de todo el país”. La presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), Cynthia Benzion, comentó sobre el alcance de esta medida: “Es una resolución de una Cámara. En principio, los jueces de primera instancia tienen libertad para acatarla o no, pero es una directriz potente”.

Implicancias y Perspectivas

El fallo judicial genera incertidumbre sobre el futuro del fuero laboral porteño. La controversia no solo gira en torno a la jurisdicción y la competencia judicial, sino también a las implicancias políticas y sociales de su implementación.

La batalla legal y política en torno al fuero laboral porteño continúa, reflejando una disputa más amplia sobre el modelo de justicia laboral y su influencia en las relaciones laborales en Argentina. La postura de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha abierto un nuevo capítulo en este conflicto, dejando en suspenso el futuro de una reforma judicial que prometía modificar profundamente el escenario laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.