En junio pasado, la compañía israelí TEGI Limited presentó una oferta a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para adquirir 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por 2,1 millones de dólares, aproximadamente 70 dólares por tonelada. Aunque esta cifra era menor al precio internacional, las condiciones del carbón—altos niveles de ceniza y riesgo de combustión—y la ubicación remota de la mina justificaban la oferta.
La propuesta de TEGI, que implicaba una transacción a corto plazo y un contrato de 700.000 toneladas anuales a futuro, prometía un negocio multimillonario para YCRT, una firma estatal en crisis, con pérdidas de 140 millones de dólares el año pasado y una producción que apenas llega a 5.000 toneladas mensuales.
Sin embargo, una inesperada intervención frustró el acuerdo. Un intermediario, Andrés Gross, exigió una “contribución marginal” para que la operación avanzara. En una llamada grabada, Gross sugirió que la transacción estaba paralizada hasta que se ajustara el presupuesto, insinuando una solicitud de coima, que ascendía a un porcentaje del 1% al 1,5% del total de la compra, es decir, entre 20.000 y 30.000 dólares. Esta petición, junto con la falta de transparencia, llevó a la cancelación del acuerdo.
TEGI, que contaba con apoyo diplomático para cerrar la operación, se mostró sorprendido ante la aparición de este “facilitador de negocios” que afirmaba tener el poder de detener la compra. A pesar de los esfuerzos de los intermediarios por justificar su rol, la empresa israelí finalmente rechazó la operación, aludiendo a la falta de garantías y la falta de transparencia en el proceso.
Desde YCRT, se alegó que la oferta fue desestimada debido a que TEGI no era un comprador directo y ofreció un precio demasiado bajo para los estándares del mercado. Sin embargo, esta situación expone las complejidades y presuntas irregularidades en las negociaciones de la empresa estatal, en un contexto donde las deudas millonarias y la falta de producción continúan afectando su viabilidad.
Fuente: Clarin
