Con la sorpresiva victoria de Javier Milei en las elecciones PASO, se ha enfocado la atención en las propuestas del economista libertario, entre las cuales destaca la promesa de reducir el tamaño del Estado y eliminar empleados públicos que considera “ñoquis” y “parásitos”. Ante esta advertencia, el Gobierno de Alberto Fernández ha tomado medidas para acelerar la contratación de casi 500 personas en el último mes.
El plan de Milei para “reformar el Estado” y convertir a Argentina en una potencia mundial incluye el cierre de 11 ministerios, instituciones como el CONICET y el INCAA, así como la reducción de otros. Aunque asegura que no se despedirá a empleados de carrera, se procederá a eliminar cargos políticos y nombramientos del año 2023.
En respuesta a las advertencias de Milei, el Gobierno de Fernández ha implementado un plan de contrataciones masivas en el sector público. Según se publicó en el Boletín Oficial, se están realizando procesos para convertir en empleados de planta permanente a 455 personas. Curiosamente, esta acción se lleva a cabo casi tres semanas después de las PASO y una semana después de un llamado a concurso para 108 cargos de planta permanente en el INCAA, institución amenazada con cierre por Milei en caso de llegar a la presidencia.
Los nuevos empleados se distribuyen de la siguiente manera: 200 en el Ministerio de Seguridad, 13 en el Ministerio de Obras Públicas, 213 en la Dirección Nacional de Migraciones y 29 en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Este aumento en las contrataciones ha generado preguntas entre los diputados de la oposición. Mercedes Joury (PRO) presentó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno información sobre las contrataciones y designaciones en la Administración Pública Nacional desde julio de 2022 hasta la fecha. Se busca conocer el número de agentes incorporados, detalles de sus cargos y categorías, razones para su contratación y cumplimiento de la normativa vigente.
Cabe mencionar que, aunque existe un decreto (N° 426/2022) que prohíbe designaciones y contrataciones en el sector público hasta diciembre de 2023, este contempla excepciones que permiten estas acciones.