La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia que condenó a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el gobierno de Cristina Kirchner, a una pena de 4 años y medio de prisión por su involucramiento en el escándalo de la valija con USD 800.000 que intentó ingresar al país el venezolano Guido Antonini Wilson en 2007. La Sala II del máximo tribunal penal del país, conformada por los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, desestimó los recursos presentados por las defensas y ratificó las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 1, que también incluyeron a otros ex funcionarios aduaneros.

El incidente ocurrió el 4 de agosto de 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar USD 790.550 en efectivo a través de la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo contratado por la empresa estatal ENARSA. Junto a Uberti, quienes viajaban en el avión también incluían a empleados del OCCOVI, como Victoria Bereziuk, y altos directivos de PDVSA. La valija fue descubierta gracias a la insistencia de María de Luján Telpuk, agente de la PSA, quien detectó la irregularidad en el control aduanero.

A pesar de la denuncia pública y el escándalo que desató el caso, Antonini Wilson huyó del país, y los demás directivos de PDVSA nunca fueron interrogados por la justicia argentina. En Estados Unidos, varios venezolanos fueron arrestados por su presunta vinculación con el intento de soborno a Antonini. En Argentina, el caso estuvo a punto de prescribir, pero fue reactivado en 2018 con la imputación de varios ex funcionarios, incluyendo a Uberti, quien ahora enfrenta la condena confirmada por Casación.

El fallo de Casación destacó que Uberti, como funcionario de alto rango, tenía un conocimiento claro sobre el contrabando de divisas y jugó un rol esencial en la organización del viaje, que fue parte de un entramado para evadir la adecuada investigación aduanera. La sentencia también señaló que la implicación de Uberti en la operación fue crucial y no pudo ser descartada, a pesar de las alegaciones de que De Vido, su superior en el Ministerio de Planificación, no tenía conocimiento directo de los hechos.

El caso sigue siendo un tema polémico, ya que la justicia argentina aún no ha logrado esclarecer completamente la red de relaciones entre funcionarios y empresarios involucrados en este intento de contrabando de divisas.