El próximo martes 15 de julio, China pondrá en marcha un nuevo sistema de identificación digital nacional para el uso de internet, un paso que redefine la relación entre ciudadanía, tecnología y vigilancia estatal. Bajo el argumento de proteger la privacidad de los usuarios frente al abuso de datos por parte de empresas privadas, el Gobierno trasladará a sí mismo la responsabilidad de la verificación de identidad en línea. La medida, que hasta ahora fue voluntaria, apunta a convertirse en obligatoria para los más de 1.100 millones de internautas del país.
El sistema se apoya en tecnología blockchain y permitirá que los ciudadanos inicien sesión en aplicaciones y sitios web sin entregar datos personales a las plataformas. Sin embargo, toda la información será enviada a la policía, incluyendo datos biométricos como escaneos faciales, lo que da lugar a un nuevo régimen de vigilancia centralizada.
La justificación oficial remite a la lucha contra el spam, la venta ilegal de datos y el fraude digital. Pero los críticos alertan sobre el uso potencial de esta base de datos para espionaje masivo, creación de perfiles individuales, y monitoreo del comportamiento digital, con consecuencias impredecibles para la privacidad y la libertad de expresión.
De la vigilancia delegada al control directo
Hasta ahora, China había externalizado parcialmente la vigilancia digital: las plataformas privadas, como Weibo o Tencent, exigían el uso de nombres reales, aplicaban censura automatizada y colaboraban activamente con el Estado. La identificación digital cambia ese modelo. Las empresas dejarán de acceder a la identidad de los usuarios, pero el Estado lo sabrá todo. Es un nuevo equilibrio: menos poder para las plataformas, más poder para el aparato estatal.
Con esta arquitectura, se oficializa un modelo de internet chino donde el flujo de datos se concentra exclusivamente en manos del Gobierno. Australia, India y Reino Unido cuentan con sistemas similares, pero limitados al uso en trámites públicos. China va más allá: la policía administrará el sistema de autenticación universal de la vida digital de los ciudadanos.
Un golpe a las big tech chinas
La implementación del sistema perjudica a las grandes plataformas tecnológicas, como Alibaba, Tencent o Meituan, que históricamente basaron parte de su valor en la recolección y explotación de datos de usuarios. Se estima que las big tech chinas concentran alrededor de US$1,3 billones en capitalización bursátil asociada a su base digital. Ahora, perderán control sobre ese insumo estratégico, que pasará a manos del Estado.
El antecedente más claro es el caso de Ant Group, la filial de Alibaba que debió ceder sus datos de crédito al banco central chino. O el de Didi, sancionada en 2022 con una multa de 1.200 millones de dólares por supuestas amenazas a la «seguridad nacional» a raíz de su uso de datos. El mensaje es claro: los datos ya no son propiedad de las empresas.
La IA como telón de fondo
El nuevo régimen también tiene implicancias estratégicas: los datos centralizados alimentarán los proyectos de inteligencia artificial impulsados por el Estado. Como señala el tecnólogo Lee Kai-fu, la ventaja competitiva en IA dependerá del volumen y calidad de datos. China parece haber tomado nota. Hoy, las empresas locales ya dominan el reconocimiento facial gracias a los millones de cámaras instaladas en espacios públicos.
Además, el Estado ha promovido la comercialización estatal de datos a través de «bolsas de datos» en ciudades como Shenzhen, donde empresas privadas pueden adquirir información estructurada, por ejemplo, sobre consumo energético. Es una nueva economía política del dato, donde el Gobierno actúa como regulador y proveedor simultáneamente.
La privacidad como retórica, el control como fin
Aunque el gobierno presenta el sistema como un escudo de privacidad frente al mercado, la realidad es que configura un esquema de control sin precedentes. El ciudadano podrá navegar sin ser rastreado por las empresas, pero no por el Estado. Las autoridades insisten en que la identificación digital mejorará la seguridad nacional. Sus críticos advierten que podría consolidar un ecosistema de vigilancia total bajo el argumento de la eficiencia y la modernización.
En China, la revolución digital no es neutral. Es una extensión del poder político en el terreno de los algoritmos, los datos y la identidad.
