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Las democracias de la región, desde Guatemala a Panamá, expresan su alarma y rechazo al anuncio del presidente nicaragüense. Ni el Gobierno de Nayib Bukele ni el de Honduras han emitido una postura
El Gobierno de Panamá convocó a consultas a su embajador en Nicaragua tras el anuncio hecho el domingo por Daniel Ortega de eliminar las elecciones en su país, lo que representa, según la Cancillería panameña, “un fuerte agravio a los principios democráticos”. La decisión del Gobierno de José Raúl Mulino forma parte de una ola de críticas hechas por las democracias de la región —incluidas Guatemala y Costa Rica—, que han expresado su alarma y rechazo al anuncio de Ortega. “El voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad”, recordó la diplomacia panameña.
Ortega aseguró el domingo durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución sandinista —que derrocó a la dinastía de los Somoza que gobernó por más de 40 años en Nicaragua— que no convocará de nuevo a procesos electorales. “¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos [los partidos políticos opositores] atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, afirmó. Sus declaraciones fueron recibidas con espanto por los gobiernos de una región que hasta ahora había demostrado posiciones tibias sobre la deriva autoritaria del régimen de Managua.
El primero en reaccionar el mismo día fue el Ejecutivo de Costa Rica, que conoce de primera mano la presión de recibir a decenas de miles de refugiados nicaragüenses que han cruzado la frontera huyendo de la violencia del régimen orteguista. El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense publicó un comunicado en el que expresa “su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” en Nicaragua. La diplomacia de Laura Fernández aseguró que su país “siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua” y recordó que no reconoció las últimas elecciones generales en aquel país, en 2021, “por la ausencia de condiciones y garantías”.
La postura de Costa Rica es llamativa sobre todo porque la presidenta Fernández hizo en junio unas declaraciones a favor del Gobierno de Ortega que generaron revuelo en su país. “Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener”, dijo la mandataria en una entrevista con la cadena televisiva NTN24. Sus afirmaciones fueron interpretadas como una legitimación del régimen de Ortega y se dieron en momentos de fuertes críticas de Estados Unidos —importante aliado de San José— contra lo que Washington ha definido como una “dictadura”. Fernández tuvo que retractarse debido a las presiones internas y de la enorme diáspora nicaragüense refugiada en su país.
Panamá fue la segunda democracia de la región en reaccionar al anuncio de Ortega. La Cancillería dijo en un comunicado que el Gobierno canalero expresa “su profundo rechazo” a la eliminación de las elecciones en Nicaragua y recordó que “el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad”. Para Panamá, suprimir ese derecho “representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades”.
El Ejecutivo panameño también reafirmó “su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos” y advirtió de que “el respeto a la voluntad popular, expresada mediante elecciones libres periódicas, transparentes y competitivas, es una condición esencial para la vigencia de la democracia”. En el comunicado, la Cancillería informó de que había decidido llamar a consultas a su embajador en Managua, lo que levantó ampollas en el Ejecutivo de Ortega. La Cancillería nicaragüense respondió en un comunicado que la decisión de Panamá “lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”.
Las críticas a Ortega siguieron el martes desde Guatemala, cuyo Gobierno aseguró que las declaraciones del nicaragüense constituyen “una grave vulneración de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de los principios de democracia y del sufragio universal”. Para el Gobierno de Bernardo Arévalo —que ha sido el más crítico de la región con los desmanes de Ortega— “la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder y restringe los derechos políticos de la ciudadanía”.
Guatemala, cuyo Gobierno recibió en 2024 a 135 presos políticos liberados por el régimen de Daniel Ortega y expulsados a ese país, hizo “un llamado al pleno respeto a las libertades de expresión, de asociación y de participación política, elementos indispensables para garantizar una sociedad democrática que ejerza el derecho a celebrar elecciones periódicas, libres y justas”. El presidente Arévalo ha expresado su preocupación por los cierres de los espacios políticos en Nicaragua y la persecución de Ortega a las voces críticas. “Que no exista democracia en un lado nos afecta a todos”, dijo el mandatario en entrevista con este periódico en 2024. “Con Nicaragua hay un compromiso fundamental con la gente que lucha por la democracia”, agregó. Y dijo sobre Ortega: “Es un Gobierno que está violando los principios democráticos, que está persiguiendo a las personas que demandan el derecho a que su opinión se escuche y se haga valer en las urnas, que es lo que nosotros hemos defendido en nuestro propio país”.
El silencio más elocuente en la región hasta ahora ha sido el del salvadoreño Nayib Bukele, cuyo Gobierno no ha emitido ninguna postura, aun cuando su aliado, Estados Unidos, ha condenado las acciones de Ortega. También ha guardado silencio el presidente hondureño, Nasry Asfura, muy cercano a Trump.
Para Mónica Baltodano, historiadora y exguerrillera sandinista —participó activamente en la lucha para derrocar la dictadura somocista— el giro diplomático en Centroamérica es una muestra de las alertas que levanta en la región el deterioro democrático en Nicaragua. “Es esperanzador, porque uno de los grandes déficits de los últimos años ha sido el de la posición de los centroamericanos en relación a esta dictadura. Exceptuando a Guatemala, hemos tenido una especie de vacío. Las recientes declaraciones de la presidenta de Costa Rica llenaron de indignación hasta la propia comunidad intelectual y política de su país. Así es que estas acciones tras la declaración de Ortega son alentadoras”, dijo Baltodano en entrevista telefónica desde San José, donde vive en el exilio por la persecución de Ortega.
“Esperemos que esta declaración de Ortega se enfrente con fuerza y pasé más allá de los pronunciamientos y comunicados a una posición de más acción de la comunidad centroamericana en la búsqueda de una superación de esta situación que está viviendo Nicaragua, o sea, que haya condena real y acciones reales, como las que se realizaron en los años setenta contra la dictadura de Somoza y en los ochenta, porque la comunidad centroamericana jugó también un papel muy importante en los procesos de paz que se vivieron en los años 80″, recomendó.
Además de los gobiernos democráticos de la región también se ha pronunciado sobre el anuncio de Ortega el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, quien dijo que “el régimen nicaragüense ha dejado ahora claro lo que sus acciones venían demostrando desde hacía tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de la misma”. Mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, acusó a Ortega de “reprimir las libertades civiles y políticas del país”.
Mientras la condena internacional sumaba críticas, en Managua la Asamblea Nacional —el Parlamento controlado por Ortega— inició el martes lo que sus líderes llamaron “un plan de trabajo” para preparar las reformas constitucionales necesarios para poner en marcha el plan del mandataria para acabar con las elecciones.
Fuente: El Pais
