La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70/2023 abrió una nueva batalla política en el Congreso y colocó al Gobierno de Javier Milei ante un plazo que, en la Casa Rosada, consideran determinante. La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de avanzar sobre el megadecreto, en una jornada en la que también se discutirán iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar.

En el oficialismo comenzaron a definir el período que separa el fallo de la Corte de esa sesión como “14 días clave”. El objetivo inmediato es evitar que la Cámara de Diputados reúna el número necesario para tratar el rechazo del DNU y, al mismo tiempo, acelerar las conversaciones con gobernadores y bloques provinciales que pueden resultar determinantes para el futuro legislativo del Gobierno. La convocatoria opositora pone en juego una norma que constituye uno de los pilares jurídicos de la política de desregulación impulsada por Milei desde el comienzo de su administración.

La Ley de Tierras volvió a abrir la discusión

El origen inmediato de la nueva disputa está en el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establecía límites a la adquisición de determinados inmuebles rurales por parte de extranjeros.

La Corte Suprema revocó el fallo que había frenado la aplicación de ese artículo. El máximo tribunal no resolvió sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación, sino que consideró que los demandantes no tenían legitimación suficiente para promover la acción colectiva. El resultado práctico, sin embargo, es que la derogación de la Ley de Tierras volvió a quedar vigente.

Ese escenario modificó rápidamente la agenda parlamentaria. La oposición decidió incorporar el rechazo al DNU a una sesión que ya contempla otros temas capaces de generar asistencia al recinto. La estrategia consiste en reunir a sectores políticos con posiciones diferentes sobre el Gobierno alrededor de una agenda común, aprovechando que el megadecreto contiene una gran cantidad de modificaciones normativas.

Qué está en juego si cae el DNU

Para el oficialismo, el problema excede ampliamente la cuestión de las tierras rurales. El DNU 70/2023 contiene un extenso conjunto de reformas y desregulaciones que modificaron normas sobre alquileres, comercio, servicios, medicina prepaga, internet satelital, transporte aéreo y empresas públicas, entre otras áreas.

Por eso, una eventual derogación tendría consecuencias sobre buena parte del entramado normativo construido por el Gobierno desde diciembre de 2023. La oposición, en cambio, busca que el Congreso vuelva a discutir el alcance de esas modificaciones y pretende utilizar la sesión del 15 de octubre para poner al megadecreto nuevamente en el centro del debate parlamentario.

En la Casa Rosada reconocen que el escenario es complejo. El Gobierno necesita impedir que la oposición consiga transformar la convocatoria en una instancia efectiva de rechazo del decreto. Para eso, el papel de los bloques aliados y de los legisladores vinculados a los gobiernos provinciales será decisivo.

La negociación con los gobernadores

En paralelo, el Gobierno aceleró el diálogo con los mandatarios provinciales. La coincidencia temporal entre la disputa por el DNU y las negociaciones por la reforma electoral agrega otra dimensión a la discusión.

Durante la Argentina Week en París, Milei mantuvo un encuentro reservado con 13 gobernadores y una vicegobernadora, entre ellos Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Jorge Macri y otros mandatarios provinciales. El Presidente agradeció el respaldo recibido en el Congreso y destacó la necesidad de fortalecer una agenda federal vinculada con inversiones, energía, minería y agroindustria.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aprovechó la presencia de los gobernadores para profundizar las conversaciones políticas. La reforma electoral, particularmente la discusión sobre las PASO, aparece como uno de los asuntos centrales de esa negociación, pero el nuevo escenario generado por el DNU 70/2023 agrega otro capítulo a las conversaciones.

La lógica de la negociación es sencilla: el oficialismo necesita respaldos parlamentarios para sostener su agenda, mientras que los gobernadores buscan defender intereses específicos de sus provincias y establecer condiciones para acompañar determinadas iniciativas.

De allí surge una pregunta que se repite en las conversaciones políticas: qué está dispuesto a ofrecer el Gobierno para conseguir esos votos.

Los gobernadores empiezan a mostrar sus cartas

Algunos mandatarios ya expresaron públicamente su disposición a mantener una relación de cooperación con la Casa Rosada. Cornejo planteó que el Gobierno podría construir una alianza electoral con un grupo amplio de gobernadores de cara a 2027, mientras que Frigerio sostuvo que existe coincidencia entre varios mandatarios respecto de la necesidad de sostener el rumbo económico actual. Jorge Macri, por su parte, planteó la conveniencia de evitar cambios permanentes de orientación política cada cuatro años.

Más allá de las interpretaciones políticas sobre esas declaraciones, el dato concreto es que el Gobierno está intentando convertir el vínculo institucional con las provincias en una estructura de acuerdos que pueda trasladarse al Congreso y, eventualmente, al escenario electoral de 2027.

Una alternativa para evitar la caída del DNU

Frente a la posibilidad de que el debate por la Ley de Tierras termine fortaleciendo la ofensiva contra el megadecreto, dentro del oficialismo comenzó a tomar fuerza una alternativa: incorporar nuevamente restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros en otro proyecto legislativo.

La discusión podría quedar vinculada con la denominada Ley de Soberanía Nacional, iniciativa anunciada por Milei y relacionada con la política argentina sobre Malvinas y el Atlántico Sur. También aparece como antecedente el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya había avanzado parcialmente en el Congreso.

La posibilidad de incluir una regulación específica sobre tierras en alguno de esos proyectos permitiría al oficialismo intentar separar dos debates: por un lado, la continuidad del esquema general de desregulación del DNU; por otro, la discusión sobre los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.

El planteo adquirió relevancia porque la cuestión territorial tiene una sensibilidad política particular y puede generar posiciones diferentes incluso entre sectores que habitualmente acompañan algunas iniciativas del Gobierno.

El desafío de los números

La sesión del 15 de octubre será, por lo tanto, una prueba política para todos los bloques. La oposición necesita garantizar el quórum y luego reunir los votos necesarios para avanzar sobre el DNU. El oficialismo, mientras tanto, debe impedir que esa mayoría se consolide y necesita mantener cohesionados a sus aliados.

La convocatoria incluye además temas como discapacidad y endeudamiento familiar, lo que podría favorecer la presencia de legisladores que no necesariamente coinciden con el objetivo de derogar el megadecreto.

En ese contexto, los próximos días estarán atravesados por una negociación simultánea en varios frentes: el Congreso, los gobernadores, los bloques provinciales y la agenda electoral de 2027.

El Gobierno enfrenta así una situación en la que la cuestión de las tierras rurales terminó convirtiéndose en algo mucho más amplio: una disputa sobre la continuidad del andamiaje normativo del DNU 70/2023 y, al mismo tiempo, sobre la capacidad de La Libertad Avanza para construir una mayoría parlamentaria estable.

La fecha del 15 de octubre funciona como el primer límite concreto. Hasta entonces, el oficialismo intentará transformar las conversaciones políticas iniciadas en París en acuerdos legislativos, mientras la oposición buscará convertir el fallo de la Corte en el punto de partida para una nueva ofensiva parlamentaria contra el megadecreto.

Los próximos catorce días, por lo tanto, no definirán solamente qué ocurre con la Ley de Tierras. También pondrán a prueba la capacidad del Gobierno para sostener en el Congreso la arquitectura jurídica sobre la que construyó buena parte de su programa de desregulación.

Si querés, también puedo hacer una segunda versión más extensa y de tono más analítico, con un título más fuerte y más imágenes de Milei, Santilli, los gobernadores y la Cámara de Diputados.