El procurador general solicitará también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa podría definir el futuro político de la expresidenta.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ya tiene listo el dictamen que presentará este jueves ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la emblemática causa Vialidad, en la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta.

En su escrito, Casal no solo ratifica la existencia de graves irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas, sino que eleva la calificación penal de los hechos: solicita que se incorpore el delito de asociación ilícita y que la pena para la expresidenta se agrave a doce años de prisión, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Un giro clave en una causa histórica

La causa Vialidad es uno de los expedientes más sensibles y simbólicos de los últimos años en la política y la justicia argentinas. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Cristina Kirchner por direccionar contratos de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez durante sus gobiernos (2007-2015), aunque desestimó el cargo de asociación ilícita. Casal ahora insiste en que ese delito sí existió, y que fue liderado por la entonces presidenta en una estructura jerárquica y sostenida en el tiempo.

El nuevo dictamen también involucra a otros exfuncionarios de alto rango: el procurador solicita que se condene por asociación ilícita a Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López —recordado por los bolsos con dinero en el convento de General Rodríguez— y al exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Además, Casal pedirá que se revoquen las absoluciones de varios exfuncionarios que fueron desvinculados en el fallo original: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. Según el procurador, todos ellos formaban parte del entramado destinado a favorecer sistemáticamente al Grupo Austral, la constructora de Báez.

La Corte, en el centro de la escena

Con este dictamen, la Corte Suprema de Justicia quedará en condiciones de pronunciarse sobre la validez del fallo de 2022. El máximo tribunal no está obligado a seguir la recomendación del procurador, pero su opinión reviste un peso jurídico significativo en la instancia final de revisión. Se trata de una decisión con enormes implicancias políticas: Cristina Kirchner, aunque no ocupa actualmente cargos electivos, sigue siendo una figura central en el tablero del peronismo, y se especula con su posible candidatura a diputada nacional o legisladora bonaerense en las elecciones de 2025.

El fallo que emita la Corte no solo sellará la suerte judicial de la exmandataria en esta causa, sino que también definirá si podrá volver a ser candidata en el futuro. Una inhabilitación perpetua la excluiría de cualquier cargo público, lo que reconfiguraría de manera decisiva el mapa del peronismo kirchnerista, actualmente en proceso de redefinición tras la derrota electoral de 2023.

Contexto político y judicial

El dictamen de Casal llega en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo de Javier Milei y el kirchnerismo residual, y en medio de una reorganización del espacio opositor. El oficialismo libertario, si bien enfrenta desafíos económicos, ha mantenido un discurso crítico hacia la “casta política”, en el que Cristina Kirchner y el “lawfare” continúan siendo ejes de disputa discursiva.

Al mismo tiempo, el sistema judicial argentino está bajo presión por múltiples causas de alto impacto que involucran a exfuncionarios y empresarios ligados a distintas administraciones. La causa Vialidad, por su carga simbólica y la relevancia de los imputados, se ha convertido en el caso testigo del vínculo entre política y corrupción en las últimas décadas.

El futuro de Cristina Kirchner está ahora en manos de la Corte. Su decisión —que puede demorar semanas o incluso meses— marcará no solo un capítulo clave en la historia judicial argentina, sino también un punto de inflexión en la disputa por el poder político.