La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja y ex primera dama Fabiola Yañez, pero decidió apartar al juez Julián Ercolini del expediente, a pedido de la defensa del exmandatario.
La resolución fue dictada por la Sala II de Casación, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes entendieron que debía hacerse lugar al planteo de la defensa “con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”.
El tribunal consideró probado que existió una relación de amistad y posterior enemistad entre Fernández y Ercolini, lo que podría afectar la imparcialidad del magistrado. Sin embargo, convalidó todas las actuaciones previas del juez, incluido el procesamiento del expresidente y las medidas de prueba ya dispuestas.
Un apartamiento con historia personal
Desde el inicio de la causa, la defensa de Fernández insistió en el apartamiento de Ercolini. Argumentó que ambos fueron compañeros en la Facultad de Derecho, que el exmandatario promovió su designación como juez cuando era jefe de Gabinete y que la relación se deterioró años más tarde.
Fernández también recordó que, durante su presidencia, denunció a Ercolini junto con otros magistrados por el viaje a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido. Según su testimonio, ese hecho marcó la ruptura definitiva entre ambos.
Durante la audiencia oral celebrada la semana pasada ante Casación, Fernández declaró: “He sufrido una serie de acciones judiciales, mediáticas y políticas para cancelarme social y políticamente. Y el principal responsable es Ercolini”.
Los jueces de Casación valoraron esas declaraciones como “nuevas precisiones relevantes” que justificaban el apartamiento “en resguardo de la garantía constitucional de imparcialidad”.
La causa y el futuro del proceso
El caso se originó a partir de mensajes de WhatsApp encontrados durante una investigación por corrupción vinculada a los seguros del Estado, en los que Yañez relataba episodios de violencia física a una colaboradora de Fernández.
El expresidente está procesado por lesiones leves y graves agravadas —por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género— y por amenazas coactivas. La expectativa de pena, en caso de condena, podría llegar a los 18 años de prisión.
Con Ercolini apartado, el expediente quedará en manos de un nuevo juez federal, que deberá resolver si envía o no a Fernández a juicio oral. El fiscal Ramiro González ya había solicitado el cierre de la instrucción y el pase a esa instancia, mientras que la defensa mantiene varios planteos pendientes ante la Cámara Federal.
De esta forma, el máximo tribunal penal confirmó el procesamiento del exmandatario, ratificando la solidez de la acusación, pero al mismo tiempo introdujo un giro institucional relevante al apartar al magistrado que impulsó el expediente.







