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A pocos días de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara elevar a la Corte Suprema la discusión sobre la restitución de la pensión de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner, el fiscal Juan Carlos Paulucci presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal intervenga en el caso.
El objetivo de la presentación es que la Corte revise el expediente y declare inadmisible la medida cautelar que ordenó a la Anses reanudar, de manera provisoria, el pago de la pensión que la exmandataria percibía hasta noviembre de 2024. Ese ingreso, junto con otro beneficio también millonario, fue suspendido tras su condena por corrupción en la causa Vialidad.
Paulucci, en su rol de fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, sostiene que la situación judicial de la exfuncionaria resulta clave. Argumenta que la condena implica la suspensión del derecho a percibir jubilaciones o pensiones mientras esta se mantenga vigente, independientemente de la discusión de fondo sobre la legalidad de la resolución de la Anses que dio de baja los beneficios.
El conflicto se intensificó luego de que, a fines de abril, la Sala III de la Cámara —con los votos de los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini— rechazara un recurso extraordinario presentado tanto por la Anses como por el propio fiscal. Esa decisión dejó firme, por el momento, la cautelar que obliga al organismo a restituir el pago. En disidencia, la jueza Nora Dorado se había pronunciado a favor de que el caso llegara a la Corte.
La medida cautelar había sido concedida en febrero, tras una apelación de Cristina Kirchner, con el argumento del “carácter alimentario” del beneficio. En primera instancia, el pedido había sido rechazado por la jueza Karina Alonso Candis.
Los beneficios en cuestión —una pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner y una asignación vitalicia como expresidenta— fueron dados de baja por la Anses en noviembre de 2024, luego de que la condena por administración fraudulenta fuera confirmada por la Justicia.
Según datos del último pago, la pensión superaba los $9,6 millones mensuales sin incluir el adicional por zona austral, un plus cercano a los $6 millones que generó controversias porque la residencia declarada era en Santa Cruz, aunque la exmandataria vivía en la Ciudad de Buenos Aires.
El recurso de queja presentado ahora no suspende automáticamente la obligación de pago, por lo que la Anses debería cumplir con la cautelar mientras la Corte Suprema decide si toma o no el caso. No obstante, existen excepciones en las que el máximo tribunal puede otorgar efecto suspensivo.
En paralelo, continúa abierta otra discusión judicial sobre la compatibilidad del cobro simultáneo de ambos beneficios, un tema que arrastra antecedentes desde la gestión de Mauricio Macri, cuando se suspendió uno de los pagos, y que luego fue revertido en 2021 durante la administración de Alberto Fernández.
De este modo, el caso suma un nuevo capítulo judicial y queda a la espera de una definición clave: si la Corte Suprema decide intervenir en una controversia que combina cuestiones previsionales, legales y políticas de alto impacto.
