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La rebelión silenciosa de Patricia Bullrich se ha convertido en uno de los temas más incómodos para la cúpula del Gobierno. En una administración caracterizada por la disciplina férrea, la centralización de las decisiones y la escasa tolerancia a los cuestionamientos internos, la presidenta del bloque libertario en el Senado parece haberse convertido en una excepción a la regla.
Mientras ministros, secretarios y dirigentes oficialistas evitan cuidadosamente cualquier gesto que pueda interpretarse como una diferencia respecto de Javier Milei o de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Bullrich ha comenzado a marcar posiciones propias sin que ello derive, al menos por ahora, en sanciones políticas visibles.
La situación genera desconcierto dentro del Gabinete. Funcionarios de distintas áreas observan con sorpresa cómo la ex dirigente del PRO mantiene un margen de autonomía que nadie más parece poseer dentro de la estructura oficialista.
«Acá es saludo uno, saludo dos», describen con ironía algunos integrantes del equipo ministerial para reflejar el clima interno. La frase resume una realidad que se repite en cada despacho: la extrema cautela con la que se manejan los funcionarios al momento de expresar opiniones públicas o privadas que puedan ser interpretadas como una divergencia respecto del núcleo de poder que integran los hermanos Milei.
Ese temor quedó reflejado recientemente en una decisión llamativa. Según trascendió, varios altos funcionarios optaron por retrasar la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales hasta que lo hiciera el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida no obedeció a una instrucción formal, sino a una lógica preventiva que domina el funcionamiento interno de la administración.
La excepción volvió a ser Bullrich.
La senadora presentó su documentación ante la Oficina Anticorrupción antes que el resto de los funcionarios, un movimiento que dentro del oficialismo fue interpretado como una nueva señal de independencia.
En público, dirigentes de La Libertad Avanza intentaron minimizar el episodio argumentando que la legisladora suele adelantar este tipo de trámites. Sin embargo, en privado comenzaron a multiplicarse las sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de cada uno de sus movimientos políticos.
La tensión alcanzó su punto máximo esta semana cuando Bullrich manifestó su desacuerdo con el retiro del pliego de la jueza Verónica Michelli, una decisión impulsada desde la Casa Rosada. La denominada «objeción de conciencia» de la senadora provocó un fuerte temblor interno y dejó expuestas diferencias que hasta entonces permanecían contenidas.
Dentro del sector que responde a Santiago Caputo apuntaron rápidamente contra el denominado «equipo Rocket», la estructura política vinculada a Martín Menem y alineada con Karina Milei. Según esta interpretación, el conflicto se originó por errores en el manejo de las postulaciones judiciales y por intentos posteriores de utilizar políticamente a Bullrich para corregir esas decisiones.
La disputa, sin embargo, parece exceder el episodio puntual. En distintos sectores del oficialismo crece la percepción de que la ex ministra de Seguridad está construyendo un perfil propio dentro del espacio libertario, preservando una identidad política diferenciada y manteniendo abiertas sus opciones de cara al futuro.
La sospecha no es nueva. Dirigentes del PRO que compartieron años de militancia con Bullrich sostienen que la actual senadora jamás abandonó su vocación presidencial y que sus movimientos recientes deben leerse en esa clave estratégica. Aunque ella ha negado reiteradamente cualquier proyecto electoral para los próximos años, los rumores sobre una eventual candidatura en 2027 o incluso en 2031 continúan circulando con fuerza en los pasillos del poder.
En ese contexto, resultó particularmente significativa la suspensión de la habitual reunión de la mesa política que conduce Karina Milei y de la que Bullrich participa regularmente. Oficialmente no hubo explicaciones, pero la coincidencia temporal con la polémica alimentó nuevas especulaciones sobre el estado de la relación entre ambos sectores.
Incluso Martín Menem reconoció públicamente la existencia de diferencias internas, aunque intentó relativizarlas. Para el presidente de la Cámara de Diputados se trata de discusiones habituales en cualquier administración y sin impacto real sobre la gestión. Sin embargo, puertas adentro, el clima dista de ser tan sereno.
En el bloque libertario del Senado comenzaron a surgir señales de inquietud. Algunos legisladores deslizan que, si Bullrich puede invocar objeciones de conciencia frente a determinadas decisiones, otros podrían sentirse habilitados a hacer lo mismo en futuras votaciones sensibles.
Por ahora, Javier Milei ha optado por el silencio. Habitualmente activo en redes sociales y poco inclinado a dejar pasar cuestionamientos públicos, el Presidente evitó responder a la postura de Bullrich. Tampoco aceptó la renuncia que la senadora puso a disposición tras el conflicto, una decisión que fue interpretada como una señal de respaldo político o, al menos, de voluntad de evitar una ruptura.
Desde el entorno de la legisladora aseguran que la relación con el mandatario continúa siendo sólida y que ambos mantienen canales de diálogo permanentes. Argumentan además que las conversaciones recientes entre ambos giraron sobre diversos asuntos de gestión y no únicamente sobre la controversia generada por el pliego judicial.
Sin embargo, el episodio vuelve a exponer una tensión de fondo que atraviesa al oficialismo: la convivencia entre un esquema de conducción extremadamente centralizado y una dirigente con peso propio, trayectoria nacional y ambiciones que muchos consideran intactas.
Mientras funcionarios cercanos a Bullrich continúan abandonando distintas áreas del Gobierno y el círculo de confianza de Karina Milei consolida posiciones de poder, la senadora sigue ocupando un lugar singular dentro del universo libertario. Lo suficientemente cercana al Presidente como para conservar influencia, pero también lo suficientemente autónoma como para desafiar decisiones que el resto del oficialismo acata sin objeciones.
Esa ambigüedad es, precisamente, lo que hoy inquieta a la Casa Rosada. Porque en un gobierno donde la obediencia suele ser la norma, cualquier gesto de independencia termina adquiriendo una dimensión política mucho mayor que la de un simple desacuerdo.
