El 8 de enero de 2023, Brasil vivió una de las jornadas más graves desde el retorno de la democracia. Apenas una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro ocuparon el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Los edificios fueron vandalizados, muebles y obras de arte resultaron destruidos y los símbolos de las instituciones republicanas quedaron expuestos a una violencia que conmocionó al país y al mundo.

Las elecciones habían terminado, pero la disputa política continuaba en las calles. En octubre de 2022, Lula se había impuesto a Bolsonaro por 50,9% contra 49,1%, en una de las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia democrática brasileña. El resultado confirmó que el bolsonarismo constituía una fuerza política con una importante base electoral, presencia parlamentaria y capacidad de movilización.

Aquella jornada reveló que el problema no se reducía a la transición entre dos gobiernos. Brasil había logrado procesar electoralmente una profunda división política, pero las imágenes de Brasilia mostraron hasta qué punto la polarización había penetrado en la sociedad. La democracia había funcionado para resolver la disputa institucional, pero las instituciones debían ahora enfrentar las consecuencias de una confrontación política que todavía no había terminado.

El país que dejó Bolsonaro

Para comprender la magnitud de esa fractura hay que regresar al Brasil gobernado por Bolsonaro entre 2019 y 2022. Su administración combinó una agenda económica de orientación liberal con posiciones conservadoras en materia social y cultural. Durante la pandemia de COVID-19, el entonces presidente mantuvo una postura de confrontación con medidas sanitarias y autoridades que recomendaban restricciones para contener la expansión del virus. Al mismo tiempo, su gobierno fue cuestionado por organizaciones ambientales y gobiernos extranjeros por sus políticas hacia la Amazonia.

La relación de Bolsonaro con las instituciones, los medios de comunicación y sus adversarios políticos también estuvo marcada por fuertes enfrentamientos. Su cercanía ideológica con Donald Trump permitió construir vínculos con sectores de la derecha conservadora estadounidense, una relación que continuó siendo cultivada por su hijo Eduardo Bolsonaro después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Pero el fenómeno político que dejó Bolsonaro no puede explicarse solamente por sus decisiones de gobierno. Brasil ya arrastraba desigualdad, desconfianza hacia las instituciones, crisis económicas y una profunda crisis de representación. El bolsonarismo encontró allí un terreno fértil y transformó parte de esas frustraciones en una identidad política.

Por eso, la derrota electoral de Bolsonaro no significó la desaparición de su movimiento. El 8 de enero de 2023 fue, en ese sentido, una demostración dramática de la capacidad de movilización que todavía conservaba.

Lula y la difícil ecuación entre gasto social y equilibrio fiscal

El regreso de Lula a la Presidencia significó también el retorno de una concepción del Estado asociada a la protección social. Bolsa Família, el programa de transferencias creado durante su primer gobierno, recuperó un lugar central, mientras las políticas destinadas a combatir el hambre y reducir la pobreza volvieron a ocupar un espacio prioritario en la agenda oficial.

La evolución del empleo, el crecimiento y determinados indicadores sociales permitieron al gobierno exhibir resultados positivos. Sin embargo, la percepción de la economía no depende solamente de las estadísticas macroeconómicas. El costo de vida, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para acceder al crédito continúan condicionando la vida cotidiana de millones de brasileños.

La discusión más compleja aparece en las cuentas públicas. Lula enfrenta la necesidad de sostener programas sociales y, al mismo tiempo, preservar la credibilidad fiscal en un escenario de tasas de interés elevadas. El problema no es exclusivamente económico: también es político. Cada decisión sobre el gasto público afecta intereses diferentes y obliga al Gobierno a negociar con sectores empresariales, financieros, sociales y parlamentarios.

La gobernabilidad, además, exige acuerdos con un Congreso fragmentado. El presidencialismo de coalición brasileño obliga al Ejecutivo a construir mayorías y aceptar compromisos con fuerzas que no necesariamente comparten su programa. La presencia de Geraldo Alckmin, antiguo adversario de Lula y actual vicepresidente, simboliza esa búsqueda de una base política más amplia.

Amazonia: entre la protección ambiental y el desarrollo

La Amazonia constituye otra de las grandes contradicciones de la política brasileña. El gobierno de Lula recuperó organismos de fiscalización y convirtió la protección ambiental en una de las principales banderas de su política exterior. La reducción de la deforestación permitió marcar una diferencia con los años anteriores.

Pero Brasil continúa dependiendo de actividades vinculadas con el agronegocio, la minería y la producción energética. Esos sectores generan divisas, empleo e influencia política y forman parte de la estructura económica del país.

La tensión entre crecimiento económico y protección ambiental aparece, por lo tanto, como uno de los principales desafíos de Brasil. El país aspira a desempeñar un papel central en la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo necesita desarrollar sus recursos naturales para sostener su economía.

Brasil busca recuperar protagonismo internacional

En política exterior, Lula intentó reconstruir el papel internacional que Brasil había tenido durante sus primeros gobiernos. El multilateralismo, la reforma de las instituciones internacionales y una mayor representación del llamado Sur Global volvieron a ocupar un lugar central.

La presidencia brasileña del G20 en 2024, la realización de la COP30 en Belém en 2025 y la participación activa en los BRICS permitieron proyectar esa agenda.

Sin embargo, el protagonismo diplomático no siempre se tradujo en capacidad para resolver conflictos. La situación de Venezuela mostró las dificultades de Brasil para ejercer una mediación aceptada por las partes. Algo similar ocurrió con la guerra de Ucrania, donde las propuestas brasileñas de negociación fueron recibidas con críticas desde distintos sectores.

En América Latina, Lula también encontró un escenario muy diferente al de sus primeros mandatos. El crecimiento de gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y las divisiones entre los países redujeron las posibilidades de construir una agenda regional común.

Washington y Beijing, dos relaciones estratégicas

La relación con Estados Unidos constituye uno de los principales desafíos de la política exterior brasileña. Durante el segundo mandato de Donald Trump, las diferencias comerciales y las tensiones relacionadas con el escenario político brasileño complicaron el vínculo bilateral, aunque ambos gobiernos mantuvieron canales de diálogo.

Al mismo tiempo, China se consolidó como uno de los principales socios comerciales de Brasil. Pekín tiene una presencia creciente en sectores como energía, infraestructura, industria y tecnología.

Lula intenta mantener relaciones con ambas potencias sin quedar subordinado a ninguna de ellas. Para Brasil, la autonomía estratégica significa poder comerciar con China, mantener vínculos con Estados Unidos y participar simultáneamente en espacios como los BRICS y el G20.

El desafío es particularmente importante porque la rivalidad entre Washington y Beijing atraviesa cada vez más la economía mundial. Brasil necesita preservar sus mercados y sus inversiones sin quedar atrapado en una disputa geopolítica que excede sus propios intereses.

Una nueva batalla política

La próxima disputa electoral vuelve a colocar todas estas cuestiones en el centro de la escena. El bolsonarismo conserva una base política importante y busca mantener su influencia, mientras Lula enfrenta el desafío de transformar los resultados de su administración en respaldo electoral.

La polarización continúa siendo una característica central de la política brasileña. Pero detrás de ella aparecen cuestiones mucho más concretas: empleo, inflación, deuda de los hogares, gasto público, seguridad, medio ambiente, infraestructura y posición internacional.

Brasil se encuentra así frente a una nueva etapa de su historia democrática. El interrogante no se limita a quién ocupará el Palacio del Planalto, sino a qué relación establecerá el próximo gobierno entre Estado y mercado, crecimiento y protección social, desarrollo y medio ambiente, autonomía internacional y vínculos con las grandes potencias.

Lo ocurrido el 8 de enero de 2023 dejó una advertencia sobre la fragilidad de las instituciones cuando una sociedad profundamente dividida transforma las diferencias políticas en una disputa por la legitimidad del sistema. La elección que viene tendrá lugar en un país diferente al de 2022, pero la fractura que aquella elección dejó al descubierto todavía forma parte de la realidad brasileña.

Brasil no solo vuelve a discutir quién gobernará. También continúa discutiendo qué país quiere ser y qué lugar pretende ocupar en una América Latina atravesada por la polarización y por una creciente competencia entre las grandes potencias.