Se trata de una etapa preliminar y de carácter técnico, enmarcada dentro del procedimiento habitual ante este tipo de medidas judiciales. Según confirmaron fuentes oficiales, personal especializado inspeccionó el departamento ubicado en la calle San José 1111 —donde reside la ex mandataria— para relevar las condiciones del lugar y determinar si es factible instalar los dispositivos de monitoreo que alertarían en caso de que abandone el edificio.

Una vez completado, el informe será remitido al TOF 2, que deberá analizar la viabilidad técnica del monitoreo domiciliario y resolver, en función de esa evaluación, si procede o no con la implementación de la medida.

La decisión de avanzar con el análisis técnico responde a un pedido del tribunal en el marco de las causas judiciales que involucran a la ex jefa de Estado, y no implica aún una ejecución definitiva de la medida. El informe técnico es, en esta instancia, una condición previa para que el tribunal resuelva sobre la colocación de la tobillera.