El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, anunció que el Gobierno planea impulsar un aumento en las tarifas energéticas en noviembre, justo después de las elecciones. Esta medida, que tendrá un impacto inflacionario, responde a la exigencia del FMI, que originalmente había planteado que los aumentos se llevarían a cabo el 1 de septiembre, beneficiando a los sectores de bajo y mediano ingreso. El objetivo del Gobierno es acercar el déficit fiscal al 1,9% del PBI, una meta que ha sido confirmada en el proyecto del Presupuesto 2024 ya presentado al Congreso para su debate.

Según los analistas, las tarifas han experimentado un retraso significativo en los últimos cuatro años de la gestión del presidente Alberto Fernández. Para mantenerse al ritmo de la inflación general, que se espera que alcance aproximadamente un 11% en septiembre, las tarifas deberían aumentar en un 54%.

La decisión de posponer los aumentos de tarifas hasta noviembre se tomó tras la devaluación post-PASO, que resultó en un aumento de precios del 12,4% en agosto. Gabriel Rubinstein explicó que se esperaba que la situación se calmara antes de implementar los aumentos planificados.

El Contexto Económico Actual

A pesar de la moderación en los precios al comienzo de septiembre, la subida del dólar oficial ha dejado un arrastre estadístico de casi 7 puntos para el IPC de septiembre, lo que mantendrá la inflación en cifras de dos dígitos. Aunque no se ha anunciado oficialmente, el congelamiento de los precios de la energía forma parte de las medidas destinadas a contener la inflación. Estas políticas incluyen sumas fijas, bonos para jubilados, créditos subsidiados para Pymes y devoluciones de impuestos.

Sin embargo, estas medidas también han llevado las proyecciones del déficit primario para 2023 al 2,7% del PBI, casi un punto por encima del 1,9% exigido por el FMI. El año pasado, el déficit fue del 2,5%, y el Gobierno está haciendo esfuerzos significativos para reducirlo en medio de desafíos económicos, como la sequía que provocó una pérdida del 3% del PBI.

Compromisos con el FMI

El Gobierno se comprometió en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI a fines de julio a “ajustar los precios de la electricidad desde el 1 de septiembre, para los usuarios residenciales de renta baja y media, de acuerdo con la legislación y los objetivos de recuperación de costos acordados”. Lo mismo se aplicaría a los precios del gas natural.

A pesar de estos desafíos, el Gobierno mantiene su optimismo y ha conservado el objetivo de déficit del sector público en 1,9% en el Presupuesto 2024. Confía en que se logrará esta meta mediante el redireccionamiento de los subsidios energéticos, un recorte en las transferencias y una revisión del gasto de capital. Lo que suceda después de las elecciones con el descongelamiento de tarifas será crucial para la revisión de noviembre con el FMI y el acceso a los DEG que quedan para 2023.

En resumen, el aumento planeado en las tarifas energéticas en noviembre tiene como objetivo alinear los precios con la inflación acumulada de los últimos años. Esto, además de cumplir con las exigencias del FMI, busca contribuir a la estabilidad económica del país en medio de un contexto económico desafiante.