La discusión sobre la auditoría y control de las universidades nacionales en Argentina ha tomado relevancia en los últimos tiempos, especialmente en el contexto de la gestión del gobierno de Javier Milei. La Ley de Educación Superior (Ley 24.521) establece que las universidades nacionales estatales deben ser objeto de control por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) y, a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna. Este marco legal busca asegurar la transparencia y la adecuada utilización de los recursos públicos en el sistema educativo, pero en la práctica, la situación es más compleja.

La Función de la Auditoría General de la Nación

La AGN es el organismo encargado del control externo de las universidades estatales. Según el artículo 59 bis de la Ley 24.521, este organismo debe llevar a cabo auditorías para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. Sin embargo, la AGN ha sido criticada por la irregularidad y el rezago en su trabajo. Aunque ha realizado auditorías en universidades, estas no se llevan a cabo todos los años y el trabajo presentado puede tener años de atraso. Por ejemplo, este año se están auditando seis universidades nacionales, pero en años anteriores la cantidad de informes aprobados ha sido limitada.

Uno de los problemas que enfrenta la AGN es que su plan de trabajo depende de la Comisión Parlamentaria Mixta, que decide dónde se llevarán a cabo las auditorías. En 2024, la AGN tiene programadas auditorías en universidades de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste, pero esto contrasta con la crítica del gobierno actual sobre la falta de control en instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde solo se ha auditado una facultad desde 2018.

Críticas del Gobierno Nacional

El gobierno de Milei ha señalado la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades, especialmente la UBA, como un tema crucial. En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano afirmó que el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos. Esta afirmación ha generado un debate intenso sobre la necesidad de auditorías más rigurosas y la rendición de cuentas.

El gobierno argumenta que las auditorías son esenciales para auditar el uso de los fondos públicos. Sin embargo, la AGN solo ha podido realizar tres auditorías en los últimos años, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad del control externo. En una entrevista, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, explicó que las auditorías se eligen mediante un análisis de materialidad y riesgo, lo que significa que no siempre se auditan las instituciones que más lo necesitan.

Limitaciones en la Auditoría

Un aspecto central del debate es la autonomía universitaria. En 2022, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) fue limitada en su capacidad de intervenir en el control de las universidades por un dictamen del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Este dictamen establece que la SIGEN no puede realizar auditorías ad hoc de las universidades, lo que significa que el control interno de la administración pública no puede aplicarse a estas instituciones.

Esto ha llevado a la creación de mecanismos de auditoría interna en cada universidad. Por ejemplo, la UBA cuenta con la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (AGUBA), que es responsable de elaborar informes sobre cada una de sus facultades. Sin embargo, estos auditores son nombrados por el rector o el Consejo Superior de la universidad, lo que plantea preguntas sobre la independencia y la objetividad de las auditorías internas.

La Autonomía Universitaria en el Contexto Actual

La autonomía universitaria es un principio consagrado en la Constitución Argentina, que otorga al Congreso la facultad de sancionar leyes que organicen la educación y garanticen la gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Esto significa que el control externo de las universidades recae indudablemente en la AGN, y la intervención de la SIGEN ha sido limitada para preservar esta autonomía.

La SIGEN ha manifestado que no se retiró del control de las universidades, sino que fue impedida por un dictamen que respeta la autonomía de las mismas. A pesar de esto, en 2024, la SIGEN firmó convenios con algunas universidades para realizar tareas de control interno, lo que sugiere un intento de colaborar sin vulnerar la autonomía.

Conclusiones y Perspectivas Futuras

El debate sobre las auditorías en universidades nacionales es un reflejo de las tensiones entre la necesidad de transparencia y el respeto a la autonomía universitaria. Mientras el gobierno actual critica la falta de rendición de cuentas, las universidades defienden su autonomía y la necesidad de contar con mecanismos internos de control.

A medida que el país se enfrenta a desafíos económicos y financieros, la forma en que se manejen estos controles será crucial para garantizar la confianza en el sistema educativo y en el uso de los recursos públicos. La discusión sobre la auditoría y el control en las universidades seguirá siendo un tema candente en la agenda política y educativa argentina.

Fuente: Chequeado