Finalmente, la Corte Suprema se expidió en el caso de la dirigente social Milagro Sala y rechazó un recurso extraordinario presentado por su defensa, dejando firme la condena de 13 años de prisión que pesa sobre la líder de la organización Tupac Amaru en Jujuy.

De esta manera, con los votos de los cuatro jueces del Máximo Tribunal -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- se mantuvo el fallo que le dictó en 2019 a Sala el Tribunal Oral Criminal 3 de la provincia norteña en el caso conocido como “Pibes Villeros”, donde fue encontrada culpable de “asociación ilícita”.

Recordemos que Milagro Sala se encuentra presa pero tiene el beneficio de la prisión domiciliaria.

Tras su condena, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, enfrentado históricamente a Sala, festejó la decisión del Máximo Tribunal.

Qué dijo la Corte en su fallo

“Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas. En consonancia con esa premisa fundamental es que se ha resuelto, reiteradamente, que los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, salvo que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no constituya una derivación razonada del derecho vigente, aplicado a las circunstancias de la causa. En ese marco, el recurso extraordinario federal intentado es inadmisible y, por ello, ha sido bien denegado por el a quo”, fundamentaron su fallo los integrantes del máximo tribunal.

Según el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy, Milagro Sala conformó y lideró una asociación ilícita entre los años 2013 y 2015, mediante la cual extorsionó a varias personas y defraudó a partir de fondos provenientes de un acuerdo suscripto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

El tribunal sostuvo que los “miembros de la asociación ilícita conformaron las ficticias cooperativas” para quedarse con el dinero público destinado a la construcción de viviendas y que Sala y sus cómplices “cimentaron la obediencia de otros cooperativistas con la ilustración de los males que se les infligiría a los insubordinados” ya que “se impuso así una suerte de temor y obediencia a raja tablas [sic] de las órdenes que recibían, cooperativista [sic] y miembros de distintas organizaciones sociales, pues quienes se resistían o confrontaban con alguno de los miembros de la asociación ilícita habían sido lesionados, extorsionados, amenazados y privados de la obtención de obras, bolsones de comidas, capacitaciones”.