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La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, formuló este miércoles fuertes declaraciones sobre la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman y sostuvo que algunos de los presuntos partícipes del crimen estarían vinculados con sectores de inteligencia que actualmente operan en torno a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y mantendrían conexiones con funcionarios del actual Gobierno nacional.
La magistrada expuso su postura durante una disertación en el almuerzo semanal del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en el Hotel Libertador, donde además aseguró que la corrupción en la Argentina tiene un carácter “estructural” y atraviesa a los tres poderes del Estado.
Sus declaraciones generaron sorpresa entre los asistentes y despertaron fuertes reacciones durante el encuentro, aunque posteriormente la jueza evitó profundizar en los detalles de sus afirmaciones.
La hipótesis sobre la muerte de Nisman
Arroyo Salgado, exesposa de Nisman y madre de sus dos hijas, fue consultada sobre las perspectivas judiciales en torno a la causa que investiga la muerte del fiscal, ocurrida en enero de 2015, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA a raíz del Memorándum con Irán.
Ante la pregunta, respondió:
“Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio, pero sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos acerca de que tienen vínculos con servicios de inteligencia que hoy operan en empresas relacionadas con Río Turbio y con funcionarios públicos del actual gobierno”.
La jueza no brindó precisiones adicionales ni identificó nombres concretos.
La Justicia argentina considera oficialmente que la muerte de Nisman fue un homicidio. En la causa se encuentra procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien entregó al fiscal el arma con la que se efectuó el disparo fatal. También están procesados integrantes de la custodia de Nisman.
La respuesta de Lagomarsino
Tras las declaraciones de Arroyo Salgado, Lagomarsino reconoció que mantuvo contactos con directivos de YCRT, aunque negó cualquier relación irregular.
Según explicó, fue convocado por personal del área de sistemas de la empresa para evaluar posibles soluciones tecnológicas, pero aseguró que el vínculo nunca prosperó.
“No se concretó ningún trabajo ni hubo nada secreto”, afirmó.
El técnico indicó además que incluso viajó a Río Turbio con autorización judicial del juez federal Julián Ercolini, quien supervisa su situación procesal.
Inteligencia, política y la hipótesis del crimen
La investigación judicial encabezada por el fiscal Eduardo Taiano analiza desde hace años distintas hipótesis vinculadas a enfrentamientos internos entre sectores de inteligencia que, en aquel momento, respondían a diferentes espacios de poder político.
En ese marco, el exagente de inteligencia Jaime Stiuso declaró en la causa y sugirió la posible participación de grupos ligados al kirchnerismo en el asesinato del fiscal.
Las declaraciones de Arroyo Salgado parecieron aludir a versiones periodísticas recientes sobre presuntos vínculos entre sectores de inteligencia y autoridades actuales de YCRT. Entre los nombres mencionados en esos trascendidos aparecen el gerente Maxi Cáceres y el interventor Pablo Gordillo, dirigente identificado históricamente con el kirchnerismo y designado durante la actual administración nacional.
“La corrupción es estructural”
Más allá de la causa Nisman, Arroyo Salgado centró gran parte de su exposición en cuestionar el funcionamiento del sistema judicial y político argentino.
“La corrupción es estructural y alcanza a los tres poderes del Estado”, afirmó, y agregó que detrás de cada funcionario corrupto “siempre hay un civil dispuesto a corromper”.
La magistrada sostuvo que el problema trasciende gobiernos y partidos políticos y describió un escenario de creciente debilidad institucional frente al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Según explicó, en distintas zonas de frontera el narcotráfico “se apropia del territorio y del Estado”, mediante la compra de tierras y la construcción de pistas clandestinas para el tráfico de drogas.
También reivindicó la necesidad de mantener vigente el reclamo de justicia por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, y definió el Memorándum con Irán como “un pacto de impunidad”.
Al referirse específicamente a Nisman, sostuvo que su muerte constituyó “el acontecimiento de mayor impacto institucional desde el retorno de la democracia”, al tratarse de “un fiscal en funciones asesinado pocos días después de denunciar a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo”.
Críticas al Consejo de la Magistratura y al sistema penitenciario
Durante su intervención, la jueza también apuntó contra el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, al que definió como “un elefante burocrático”.
Según consideró, la composición plural del organismo dificulta la toma de decisiones rápidas frente a magistrados cuestionados.
“Con los niveles de corrupción existentes debería haber muchos más jueces y fiscales sometidos a juicio político y removidos de sus cargos”, sostuvo.
Finalmente, también cuestionó la situación del sistema penitenciario bonaerense y criticó la posibilidad de que detenidos utilicen teléfonos celulares dentro de las cárceles provinciales.
En ese contexto, reclamó que el gobernador Axel Kicillof transfiera el Servicio Penitenciario Bonaerense al área de Seguridad, siguiendo —según señaló— el modelo implementado por el Gobierno nacional con el sistema penitenciario federal.
