El Congreso de la Nación no logró aprobar el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei, dejando al Poder Ejecutivo sin esta herramienta clave para la planificación económica. En respuesta, el Ejecutivo decidió prorrogar el presupuesto aprobado en 2023, una medida oficializada a través del Decreto 1131/2024, publicado en el Boletín Oficial.
Un presupuesto prorrogado, ¿ventaja o limitación?
El decreto establece que las disposiciones de la Ley 27.701, correspondientes al presupuesto de 2023, seguirán vigentes desde el 1 de enero de 2025. Esto otorga al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la responsabilidad de ajustar el presupuesto prorrogado a las necesidades administrativas del próximo año. Según el Gobierno, esta decisión busca garantizar “la continuidad y eficiencia de los servicios esenciales”.
Aunque la ausencia de un nuevo presupuesto otorga al Ejecutivo mayor margen de maniobra para la reasignación de recursos, también suscita críticas por la falta de transparencia y previsibilidad. Economistas como Daniel Artana explicaron que esta flexibilidad puede beneficiar al Gobierno, pero destacaron que refleja un problema institucional: “Tener un presupuesto demuestra un compromiso más allá del gobierno de turno”.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la decisión de no forzar una negociación en el Congreso, priorizando el equilibrio fiscal como el eje central del programa económico: “Preferiría que pase porque es una buena señal, pero no vale la pena sacrificar nuestra ancla fiscal”.
Impacto en la deuda y medidas pendientes
La prórroga del presupuesto 2023 deja sin efecto varias modificaciones que el Ejecutivo buscaba implementar en el proyecto de 2025. Entre ellas, la flexibilización de la Ley de Administración Financiera para realizar canjes de deuda sin cumplir con la regla de mejorar dos de tres variables (tasa, plazo o capital). Esta medida, aplicada previamente para deuda bajo Ley Argentina, no se extenderá a instrumentos emitidos bajo Ley de Nueva York sin una negociación en el Congreso.
Además, el proyecto no aprobado incluía la colocación de deuda por USD 3.500 millones en los mercados internacionales para cubrir vencimientos de deuda externa. Con la prórroga, cualquier emisión o refinanciamiento deberá ajustarse al marco legal vigente, limitando la capacidad del Gobierno de operar con mayor flexibilidad.
Discrecionalidad en tiempos de inflación
El presupuesto original de 2023 fue establecido en $40,2 billones, pero las modificaciones realizadas en 2024 elevaron este monto a $95,9 billones, un incremento del 138,4% debido a la inflación. Según proyecciones de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Gobierno contará en 2025 con un margen de discrecionalidad cercano a $20 billones, basado en ingresos estimados de $115,2 billones y una inflación proyectada del 18%.
No obstante, la falta de un nuevo presupuesto limita la posibilidad de implementar reformas estructurales. Además, un escenario de menor inflación podría reducir la capacidad del Ejecutivo de manejar recursos discrecionalmente.
Desafíos económicos para 2025
El panorama para 2025 presenta compromisos en dólares del sector público consolidado que alcanzan casi USD 24.000 millones, de los cuales más de USD 11.000 millones corresponden a vencimientos con bonistas privados. En este contexto, el Gobierno mantiene el superávit fiscal como prioridad, enfrentando restricciones de financiamiento externo debido al elevado riesgo país y las reservas negativas del Banco Central.
La prórroga del presupuesto, aunque permite mayor flexibilidad en el corto plazo, deja al Gobierno con la tarea de maniobrar dentro de un marco limitado y enfrentar desafíos económicos significativos. Sin una nueva Ley de Presupuesto, las prioridades fiscales y económicas seguirán dependiendo de decisiones unilaterales tomadas por decreto.
