El mega juicio por la expropiación ilegal de YPF fue solo el inicio de una serie de demandas que han llevado a Argentina a tribunales internacionales, y que podrían costarle al país al menos USD 5.000 millones.
Dos factores principales han generado esta sucesión de juicios perdidos o en curso: el default unilateral de pagos de la deuda anunciado en 2002 y la política de ruptura de contratos, expropiaciones y estatizaciones durante los doce años de kirchnerismo. Además, la congelación de tarifas de servicios públicos y la manipulación de estadísticas han contribuido a este escenario.
Aunque parte de las deudas se han solucionado mediante canjes y acuerdos judiciales, una gran cantidad de casos aún se encuentra en tribunales extranjeros. Entre los reclamantes más destacados, se encuentra Palladian Partners, que junto con otros fondos como HBK Master Fund y Hirsch Group, obtuvo una sentencia favorable por USD 1.500 millones en los tribunales de Londres. Otro monto significativo corresponde a los reclamos “residuales” de bonistas alemanes, italianos, japoneses y estadounidenses que no participaron en los canjes de 2005 y 2010, sumando USD 1.100 millones.
Además, se cuentan otras deudas pendientes con empresas holandesas por más de USD 500 millones y la demanda de la empresa Casinos de Austria por la expropiación del Casino de Salta, con un fallo a favor por USD 62 millones. El fondo Attestor Master también exige más de 450 millones de dólares por bonos no canjeados, mientras que el fondo Aurelius busca 81 millones de dólares debido a la manipulación de las estadísticas de crecimiento en 2013 para evitar el pago de intereses a los tenedores de cupones PBI.
Adicionalmente, se encuentran pendientes demandas de los antiguos dueños de Aerolíneas Argentinas por una expropiación incorrecta que podría costar más de 350 millones de dólares, y de la empresa AES, que exige más de 400 millones de dólares por la ruptura del contrato de actualización tarifaria de energía eléctrica a la par del dólar.
Aunque aún hay juicios pendientes y montos sin determinar, queda claro que Argentina está pagando las consecuencias de políticas pasadas y la factura la paga “el que sigue”.
